El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, afirmó en una reciente entrevista que la economía del país no se regulará mediante decretos gubernamentales, sino con políticas estructurales que generen estabilidad y crecimiento. Camacho enfatizó que las medidas anunciadas por el gobierno tienen un impacto marginal y que el empresariado boliviano ha logrado unificar esfuerzos como nunca antes en su historia.
Un empresariado unido ante la crisis
En diálogo con el programa Piedra, Papel y Tinta, Pablo Camacho señaló que más de cincuenta instituciones de distintos sectores se reunieron en torno al comité multisectorial, con el objetivo de defender la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país. Este movimiento, que ha reunido a gremios de diversas regiones, responde a la preocupación por las recientes medidas del gobierno, que afectan el sector productivo.
“Imagínate tener a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), FEAGRO, CANIOP, los sectores de la leche, cárnicos y exportadores, todos unidos. Esto es histórico”, destacó Camacho.
Sin embargo, aún existen divergencias dentro del empresariado. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) no se ha sumado al comité multisectorial, pese a haber sido invitada. Aun así, Camacho subrayó que el espacio sigue abierto para todos los sectores que deseen integrarse.
Decisiones gubernamentales con impacto limitado
Respecto a las recientes medidas económicas del gobierno, Camacho expresó dudas sobre su eficacia. Considera que acciones como la ampliación del horario del teleférico en La Paz o la reducción del parque automotor estatal no tienen un efecto significativo en la reactivación económica. Según camacho no se puede regular la economía con amenazas y decretos»
“Si consideramos que el parque automotor del Estado representa solo el 1.6% del total de vehículos en Bolivia, reducirlo a la mitad no genera un impacto real en la demanda de combustibles”, explicó.
Para el líder empresarial, es fundamental que se impulsen políticas económicas sostenibles, que garanticen la estabilidad del sector productivo y no dependan de medidas transitorias.
Seguridad jurídica y estabilidad económica
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la disposición séptima, cuya aplicación fue suspendida tras la admisión de una denuncia en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, Camacho advirtió que esta decisión no desactiva la preocupación empresarial ni las acciones que tenían previstas.
“Este fallo nos da una certeza temporal, pero los problemas persisten. Aún enfrentamos el desabastecimiento de diésel y la incertidumbre sobre el incremento salarial”, sostuvo.
La falta de liquidez también es una preocupación clave para el sector empresarial. Camacho señaló que la aprobación de un crédito de 1.600 millones de dólares en la Asamblea Legislativa no resolverá la crisis si no se garantizan condiciones favorables para la inversión privada.
“La economía no se va a regular con amenazas. No podemos sostener un tipo de cambio artificialmente sin respaldo real”, afirmó.
El futuro de la movilización empresarial
Tras el fallo del Tribunal Constitucional, el comité multisectorial evaluará la continuidad de la movilización planificada para el próximo lunes. Camacho indicó que la decisión se tomará en una reunión virtual con los distintos sectores.
“Este movimiento no tiene un trasfondo político, como algunos han intentado sugerir. Se trata de proteger la propiedad privada y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo industrial en Bolivia”, enfatizó.
A medida que la situación económica del país evoluciona, el sector privado sigue presionando por soluciones estructurales que permitan la sostenibilidad y el crecimiento económico.
