Siguen las repercusiones por la crisis energética del país. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró este martes que “no es que no haya combustible, solo que disminuyó el abastecimiento normal”, descartando un desabastecimiento total. Además, acusó al sector empresarial cruceño de querer matar a YPFB por exigir la libre importación de combustible, sin ningún tipo de fiscalización.
Novillo defendió la aprobación de créditos internacionales, señalando que estos generarían un flujo de dólares en el Banco Central, recursos que permitirían pagar deudas y, eventualmente, comprar combustible.
“Muchos intentan confundir a la ciudadanía diciendo que los créditos no están destinados a la compra de combustibles. Eso es falso. No están específicamente para eso, pero generan disponibilidad de dólares que pueden usarse para este fin”, explicó.
El ministro criticó el bloqueo de estos créditos en la Asamblea Legislativa y advirtió que la falta de estos recursos está afectando la economía del país.
“Otros países como Chile, Perú y Ecuador reciben dólares por créditos internacionales. Aquí, en cambio, se los bloquea con fines políticos, generando estrangulamiento económico y afectando a la población”, afirmó.
Críticas al sector empresarial
Novillo también arremetió contra el sector empresarial, asegurando que busca debilitar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con propuestas como la liberación de importaciones y la eliminación de la franja de precios. Según el ministro, estas medidas solo beneficiarían a empresarios privados y pondrían en riesgo la soberanía energética del país.
“Nos están diciendo, de manera disimulada, que privaticemos el negocio de los hidrocarburos y eliminemos a YPFB. Lo que quieren es que el Estado abandone su rol en la compra, exploración y explotación de hidrocarburos para que el sector privado se apropie del negocio”, dijo.
El ministro recordó que, gracias a la nacionalización del gas, Bolivia pudo garantizar el subsidio a los combustibles, lo que benefició tanto a la población como a los sectores productivos.
“Durante años, los empresarios han recibido diésel subvencionado para sus actividades y han logrado exportar sus productos con costos reducidos gracias a este beneficio”, afirmó.
Desde el Gobierno se insiste en que cualquier modificación en el modelo de gestión de los hidrocarburos podría generar un impacto directo en los precios del combustible y en la estabilidad económica del país.
“Si se entrega el negocio del combustible al sector privado, ¿qué garantías hay de que mantendrán precios accesibles? ¿O que priorizarán el abastecimiento interno en lugar de sus propias ganancias?”, cuestionó Novillo.
Respuesta de Cainco
En respuesta a estas declaraciones, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) rechazó las acusaciones del Gobierno y señaló que la crisis de combustibles es producto de la falta de planificación estatal. “No se puede seguir trasladando la responsabilidad a otros actores cuando la falta de gobernabilidad es una constante”, indicó en un comunicado.
Cainco también advirtió que el país no puede seguir dependiendo únicamente de la importación financiada con deuda externa, calificando esta estrategia como “una simple postergación del problema”.
La organización empresarial reiteró su demanda de permitir la libre importación de combustibles para garantizar el abastecimiento interno y reducir la presión sobre la economía nacional.
