El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental (TA) se declararon en emergencia presupuestaria ante la falta de recursos suficientes para el funcionamiento del sistema judicial en Bolivia. Las autoridades judiciales advierten que, sin un incremento de recursos, es inviable avanzar en una reforma judicial efectiva.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que este año el Órgano Judicial enfrenta un recorte de 140 millones de bolivianos en comparación con la gestión anterior. Esta reducción impide la contratación de personal eventual y consultores, lo que afecta directamente la atención a los litigantes.
“Es irresponsable hablar de reforma judicial o de la creación de nuevos juzgados si ni siquiera contamos con el personal necesario para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia”, afirmó Saucedo.
En el marco de la reunión de la Comisión 898, instancia encargada del seguimiento a la Cumbre Judicial y que integra también al Ejecutivo, los magistrados presentaron su demanda presupuestaria. Sin embargo, al no obtener una respuesta satisfactoria, decidieron retirarse de la comisión.
“Hemos tomado la determinación de apartarnos de la Comisión 898 porque no vemos un compromiso real con la administración de justicia. Si esta postura no cambia, no participaremos en futuras convocatorias, ya que consideramos que esta instancia ha agotado su ciclo”, señalaron en un pronunciamiento conjunto.
Las autoridades judiciales también hicieron un llamado al presidente Luis Arce para que intervenga y brinde una solución a la crisis presupuestaria del Órgano Judicial.
Falta de recursos afecta la independencia
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, insistió en que el presupuesto destinado a la justicia debe representar al menos el 3% del Presupuesto General del Estado, como establece la normativa vigente. Sin embargo, actualmente no alcanza ni el 1%, lo que genera problemas operativos y vulnera la independencia del sistema judicial.
“La falta de recursos no solo limita la operatividad de los tribunales, sino que también compromete la autonomía judicial, un principio fundamental para la democracia”, enfatizó Baptista.
Por su parte, Saucedo recordó que la crisis financiera del Órgano Judicial generó retrasos en la creación de juzgados, falta de personal y un incremento en los tiempos de atención a los litigantes.
