Se constató que la improvisación y falta de experiencia de parte Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en la negociación de los contratos de recursos naturales con empresas chinas y rusas, y la camisa de fuerza de las normas podrían llevar al país a una nueva frustración, por la duración de los contratos (más de 30 años), similar a lo sucedido con otros proyectos fallidos en los últimos 19 años, alertan cinco instituciones.
La Fundación Jubileo, Fundación Milenio, Fundación Solón, Club de Ginebra (CDG) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) difundieron un manifiesto a la opinión pública “Bolivia sobre el litio”, y hacen conocer 13 observaciones a los contratos suscritos entre YLB y empresa chinas y rusas.
“Las instituciones preocupadas por las características, condiciones e implicaciones técnicas, económicas, financieras y socioambientales de los contratos suscritos por YLB con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC, cumplimos con el deber patriótico de hacer públicas nuestras principales observaciones y objeciones a dichos contratos”, señala el manifiesto.
En primer lugar, señalan que los contratos y sus anexos presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) son incompletos, confusos e incongruentes, que dificulta una comprensión adecuada y su aprobación “en combo” genera incertidumbre sobre su transparencia.
“A pesar de que las empresas contratadas no han demostrado tener experiencia industrial en el desarrollo de las tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL) que pretenden implementar, se les asigna la zona más rica en concentración de litio del Salar de Uyuni, lo que podría condicionar o limitar la futura participación de otras empresas con mayor experiencia en los procesos de extracción del litio”, observan.
Se deberá conocer en detalle la información brindada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien reveló de la firma de un contrato con EauLitium, subsidiaria del consorcio australiano-alemán, que será remitido al Legislativo próximamente, cuando desmintió las declaraciones de Marcelo Claure a un medio de televisión.
Expertos en el tema minero ya indicaron que no hay experiencia en la tecnología EDL a nivel industrial, por lo que Bolivia será la primera en incursionar en este campo.
Las instituciones señalan que contrariando el objetivo de lograr acuerdos con socios estratégicos que aporten las inversiones de riesgo para el desarrollo productivo del litio y otros recursos evaporíticos, los referidos contratos implican que los riesgos financieros irán por cuenta del Estado, puesto que YLB se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones mediante la producción de carbonato de litio y sin certeza de sus capacidades de control, seguimiento y fiscalización.
Con respecto a la inversión, indican que existe una incongruencia en los costos, ya que la planta de Uranium establece un costo por tonelada de carbonato de litio, 2.4 veces más alta que la del contrato con CBC, y no se ofrece una explicación sobre este hecho.
A eso se debe sumar que las proyecciones financieras de YLB parecen estar sobredimensionadas, con expectativas de precios del carbonato de litio que no se ajustan a los precios actuales (por debajo de 10.000 dólares por tonelada) ni a las previsiones razonables a futuro. Esto genera serias dudas sobre la rentabilidad del proyecto para el Estado Boliviano.
Como se recordará, el precio de la tonelada de Carbonato de Litio alcanzó a más de 75.000 dólares, pero pasaron los años y el valor fue cayendo, hasta llegar en promedio los 10.000 a 13.000 dólares.
La Deutsche Welle (DW) informó que era un buen momento de impulsar la producción de la materia prima para baterías por el precio y también dijo que más adelante bajaría debido al ingreso de nuevos actores al mercado.
Ante ese panorama, las entidades se anticiparon en indicar que los costos finales de producción del litio son elevados y poco claros. El indicador de “costo de producción vs. precio de venta” es excesivamente alto en comparación con estándares internacionales y regionales.
Además, observan que las cláusulas técnicas y financieras de los contratos favorecen a las empresas Uranium y CBC, minimizando sus riesgos y maximizando sus ganancias, incluso a costa de la rentabilidad que le correspondería a YLB.
“Los contratos no incluyen de manera adecuada aspectos ambientales cruciales, como el origen y sostenibilidad de la provisión de agua dulce, la energía utilizada, el manejo de desechos químicos e industriales y la potencial reinyección de salmuera residual dentro del salar”, indica el manifiesto.
Aseguran que los contratos y sus anexos, no contemplan la realización de procesos de consulta para obtener el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) de los pueblos indígenas, a pesar de que las afectaciones a fuentes de agua dulce tendrán lugar dentro de la TCO Nor Lípez.
Observan que el contrato con CBC impone penalidades elevadas para YLB, en caso de no poder cumplir con la provisión suficiente de salmuera residual, así también las condiciones de transferencia de tecnología difieren en ambos contratos; sin embargo, en los dos casos resultan desfavorables para el país.
A eso se debe añadir que los contratos no mencionan el destino de los subproductos generados en las plantas, como potasio, boro, magnesio, sodio y otros, los cuales tienen un valor considerable en el mercado; y los acuerdos imponen restricciones que dificultan un futuro incremento de las regalías mineras (3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores.
Consideran que, ante todo lo expuesto, la Asamblea Legislativa debe realizar un análisis exhaustivo de cada cláusula de los contratos y, con la gran responsabilidad que le corresponde, no debe aprobar los contratos hasta que todas las observaciones y cuestionamientos sean resueltos, precautelando de esta manera los intereses nacionales.
Reunión
Entretanto, a pesar de que no hay una ley del litio, exigida por los habitantes de Potosí, YLB y miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), realizan reuniones para socializar los contratos suscritos por la empresa estatal con empresas chinas y rusas.
