Luego de que el Gobierno extendiera invitaciones a otras instituciones privadas al diálogo para la reglamentación de la disposición adicional séptima de La Ley Financial, que autoriza la confiscación y decomiso de productos, el sector empresarial sugirió un intento de división.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo este lunes que se prevé reuniones para el miércoles con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y otras instituciones.
“Hay que recalar que el sector empresarial se mantiene unido. No queremos pensar que el Gobierno nos quiera dividir. Nosotros nos debemos a la CEPB y ellos mismos nos han ratificado que no han recibido ninguna invitación”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco.
Disposición
Silva dijo que no se cursó la invitación a los sectores que ya rechazaron previamente sentarse a dialogar y reafirmaron que el 10 de febrero realizarán un paro movilizado a nivel nacional.
De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, “todos los sectores de occidente y de oriente se están sumando” a la medida de presión, pues no afecta solo a un grupo, sino todo el país.
Por ello, la medida que inicialmente fue convocada por los productores privados será acatada también por los comités cívicos de varios departamentos.
Respecto al intento de división, Velasco dijo que se sabe muchas de las instituciones a las que el Gobierno está invitando en esta oportunidad ya se rechazaron la invitación y otras lo harán en su debido momento.
“No estamos en una línea política, estamos representando a un sector formal de la economía”, afirmó el presidente de la Caneb.
El Gobierno, por su parte, considera que el rechazo al diálogo y las movilizaciones anunciadas son una prueba de que existe un interés político y no económico por parte de estos sectores.
