No hay miras de solución al conflicto entre el sector empresarial y el Gobierno por la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Este párrafo, otorga facultades confiscatorias al Poder Ejecutivo para decomisar mercadería y productos que considere que son acopiados con fines especulativos.
La medida es rechazada por los empresarios, e incluidos los gremialistas. Ellos sostienen que atenta contra la propiedad privada porque instruye el decomiso de mercadería de forma discrecional, sin considerar el funcionamiento de la logística comercial ni los tiempos habituales de almacenamiento.
Ante esto más de una decena de instituciones empresariales exigieron la abrogación de esta disposición, caso contrario realizarán un paro movilizado de 24 horas este 10 febrero.
En tanto, el Gobierno anunció que no derogará esta normativa porque el presidente Luis Arce Catacora no tiene la atribución de abrogar, derogar o dejar sin efecto la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Rechazo unánime
En la víspera, el Gobierno convocó a los sectores que rechazan la aplicación de esta medida a discutir su reglamentación. Ante este llamado, las organizaciones empresariales decidieron realizar una reunión multisectorial en Sucre. En este encuentro participaron representantes de productores, transportistas, gremiales y exportadores, entre otros, además de representantes cívicos de Chuquisaca y Potosí.
César Gonzales, dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, señaló que además de exigir la derogación de la polémica disposición también se está pidiendo al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “poner sus buenos oficios de inmediato” para derogar dicha disposición y se presentará una propuesta de ley para hacer efectiva la disposición.
Los representantes del sector productivo cuestionan la necesidad de la Disposición Adicional Séptima, argumentando que ya existen sanciones contra el agio y la especulación.
Consideran que la inclusión de esta disposición en el PGE se realizó de manera encubierta y sin la debida consulta a los actores afectados. Asimismo, denuncian atropellos y extorsiones que, lejos de resolver problemas como la escasez de divisas e hidrocarburos, agravan la crisis económica.
En caso de no ser escuchados, los sectores anunciaron que organizarán un paro movilizado nacional de 24 horas el 10 de febrero.
Klaus Frerking, vicepresidente de la CAO expresó la preocupación del sector ante la disposición séptima, calificándola como una medida confiscatoria que atenta contra la seguridad jurídica.
Exigió tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo que trabajen en garantizar certeza y estabilidad para los productores bolivianos, subrayando que la derogación de dicha disposición es necesaria para proteger la cadena productiva y alimentaria del país.
“Participamos en numerosas mesas de diálogo con el Gobierno, pero ahora necesitamos acciones concretas. Es fundamental que el Ejecutivo y el Legislativo actúen para restablecer la confianza del sector productivo”, dijo.
No se derogará disposición
En este contexto, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, recordó que el presidente Luis Arce no tiene la atribución de abrogar, derogar o dejar sin efecto la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE), que busca combatir el agio y la especulación.
En ese sentido, recalcó que cualquier demanda en ese sentido debe dirigirse a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Nos hubiera encantado conocer los criterios técnicos y jurídicos que empresarios, transportistas y gremialistas tienen para pedir al presidente que derogue o abrogue esta disposición, sabiendo que la Constitución no le otorga esa facultad. El mandatario no puede modificar una norma con rango de ley; esa es una atribución de otro órgano del Estado”, explicó Silva.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que las entidades competentes podrán ejecutar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos cuando se detecte almacenamiento, retención o encarecimiento injustificado de productos alimenticios.
Empresarios, exportadores, agroindustriales y gremialistas rechazaron la normativa y descartaron participar en su reglamentación, tras la convocatoria del Gobierno a un diálogo para aclarar dudas y buscar consensos.
Silva enfatizó que esta disposición otorga respaldo legal a todos los niveles de gobierno para realizar operativos de control.
“Los propios industriales nos decían: ‘Nosotros producimos y distribuimos con normalidad, pero no podemos controlar a los mayoristas, porque una vez que nos pagan, tienen la factura y deciden dónde y cómo venderlo’”, relató Silva.
