Los gremialistas de Santa Cruz expresaron su firme rechazo a la disposición adicional séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) referida al decomiso de productos y anticiparon que desde la próxima semana realizarán movilizaciones para exigir al gobierno su abrogación.
«No vamos a permitir que el gobierno nacional se lave las manos de su incompetencia porque no ha podido reactivar la economía del país y ahora está queriendo hacer creer a la población de que es culpa de la familia gremial y eso no es así», señaló Laura Franco, secretaria general de la Coordinadora del Oriente de las federaciones gremiales.
Enfatizó que el alza de precios se debe a la escasez de dólares y de productos de la canasta familiar. «Nadie se va a animar bajo la amenaza de que va a ser decomisado su producto», remarcó Franco.
Calificó de arbitraria la ley con la que se pretende confiscar bienes o productos que son resultado del esfuerzo del comerciante.
Édgar Álvarez, otro dirigente gremial, señaló que las medidas se definirán en un ampliado nacional el próximo lunes en La Paz.
«Ya está bueno de que el pobre tenga que solucionarle la vida al gobierno. Ellos viven felices con su sueldo», remarcó Franco, quien cuestionó además a los legisladores por no vetar esa disposición en el PGE.
El miércoles, tras una reunión nacional en Cochabamba, 21 instituciones del sector agropecuario, exportador, trasporte y gremial emitieron un pronunciamiento en el que exigieron la abrogación de dicha disposición por generar inseguridad jurídica a todos los sectores de las diversas cadenas de suministro. Enfatizaron que los grandes afectados no serán los productores sino la población. nadie producirá a perdida o para que le confisquen sus productos con el pretexto de especulación, generando un escenario propicio para la arbitrariedad y extorsión de funcionarios públicos», enfatizaron en su comunicado.
