Los prestatarios de Bolivia anunciaron que el sector se unirá a la marcha nacional convocada para el próximo 13 de enero en rechazo a la disposición séptima adicional del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso de productos y alimentos.
De acuerdo con el sector, la medida profundizará la crisis económica que atraviesa el país, debido a que es un desincentivo para el sector productor.
Además, exigen el cierre definitivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), acusándola de ser un defensor del sistema bancario en lugar de un regulador.
Prestatarios
“Queremos que la Asfi, que debería ser un ente regulador, sea cerrada. No trabaja a favor del pueblo, está del lado de los bancos”, declaró Maicol Chura, dirigente del sector.
Propuso que el control de las entidades financieras sea gestionado por organizaciones sociales provenientes de las bases.
Los prestatarios presentaron un conjunto de exigencias que incluyen un periodo de gracia de un año y medio ante la crisis económica; la paralización de los procesos ejecutivos y coactivos de la banca; una condonación de intereses y freno a los “hostigamientos de cobro”; y un reconocimiento del seguro de desgravamen para prestatarios fallecidos o con discapacidad.
El Gobierno aprobó en octubre de 2024 el Decreto Supremo 5241, que permite la reprogramación y refinanciamiento de créditos. Sin embargo, los prestatarios rechazaron esta medida, argumentando que solo prolonga sus obligaciones sin solucionar la raíz del problema.
“Es alargar nuestra agonía en una crisis económica que afecta a todo el país”, sostuvo Chura.
El conflicto con el sistema financiero y las disposiciones del Presupuesto consolidan una alianza entre prestatarios, gremiales, transportistas y otros sectores que prometen una movilización masiva contra el Gobierno el próximo lunes.
