Un grupo de pobladores de la localidad de Desaguadero increpó el miércoles a los efectivos militares que controlan el contrabando a la inversa en la frontera entre Bolivia y Perú y les reclamó por los estrictos controles que realizan al denominado contrabando a la inversa.
En videos que circulan en redes sociales, se observa a varias personas rodear a los militares que realizan controles a orillas del río.
“De todo estás molestando, todo están revisando, de qué vamos a vivir. Ambos países vivimos de eso. No nos dejan ni reabastecernos, qué vamos a comer”, se escucha reclamar a un hombre.
En las imágenes se ve que los militares intentan explicar que están cumpliendo sus funciones de “guardianes” en la frontera; sin embargo, la gente se muestra exaltada y cuestiona que por qué no hicieron esos controles antes.
Según la explicación del presidente de la Junta de Vecinos de Desaguadero, Henry Mamani, los pobladores no están incumpliendo las normas; pues no comercializan alimentos en grandes cantidades ni los que son considerados de primera necesidad.
Contrabando
“Prácticamente no nos dejan pasar nada, revisaban las bolsas, hasta las maletas de los turistas se han puesto a revisar. Hay productos como el pollo que vienen intentando vender desde Perú porque vienen escaseando; pero también son retenidos por los militares”, dijo citado por Nueva TV Nacional.
Al respecto, el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Luis Vásquez, dijo que el personal militar fue replegado a otro punto para continuar con su labor.
Asimismo, aseguró que se intensificarán los controles en puntos ilegales y anunció que se reunirá con autoridades de Desaguadero para hablar al respecto.
El Gobierno atribuye al contrabando a la inversa el incremento y desabastecimiento de varios productos de la canasta familiar.
En ese marco, el 7 de octubre el presidente Luis Arce instruyó la militarización de las fronteras y posteriormente promulgó el Decreto Supremo 5245, mediante el cual se endurecen las sanciones al delito de contrabando. Ahora, los infractores podrían enfrentar entre 10 y 14 años de privación de libertad.
