La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) presentó un memorial ante el Juez Público Mixto de Rurrenabaque para denunciar el incumplimiento de la Resolución Judicial de la Acción Popular Nº 05/2023, que ordenaba la suspensión de actividades mineras ilegales en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes, incluyendo los ríos Tuichi, Quiquibey, Alto Beni, Kaka y Tequeje.
La CPILAP informó que las entidades gubernamentales, como el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Ministerio de Salud y Deportes (MDSyD), no habr{ian tomado acciones concretas para ejecutar la determinación judicial ni coordinaron con las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional para ejercer control y fiscalización sobre las actividades mineras en la región.
Ante esta situación, la CPILAP solicitó la aplicación de sanciones conforme al artículo 17 del Código Procesal Constitucional, incluyendo multas progresivas y la remisión del caso al Ministerio Público. El objetivo es garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y asegurar la intervención contra la minería ilegal que sigue afectando a las comunidades.
Lino Illimuri, vicepresidente de la CPILAP, expresó la preocupación de los pueblos indígenas la semana pasada al presentar la denuncia ante el juzgado de Rurrenabaque. “Este recurso legal responde a las decisiones de la mesa técnica que monitorea el cumplimiento de la Acción Popular”, afirmó. Además, lamentó que, a pesar de que la tutela fue concedida en septiembre del año pasado, la minería ilegal continúa operando y expandiéndose sin control en la cuenca, contaminando los ríos que son vitales para las comunidades indígenas.
Magaly Ipuni, presidenta del Concejo Regional Tsimané Mosetén (CRTM), quien acompañó a Illimuri en la presentación, destacó que el recurso presentado sigue el mandato de la última mesa técnica sobre minería, que supervisa la aplicación de la Resolución Judicial Nº 05/2023. “Ya pasó casi un año desde la resolución y no se cumplió nada de lo ordenado por el juez”, expresó Ipuni, y subrayó que la denuncia es el último recurso que tienen los pueblos indígenas para exigir el cumplimiento de la orden judicial.
Contexto Legal
El 2 de agosto de 2023, la CPILAP presentó una Acción Popular ante el Juez Público Mixto de Rurrenabaque, basada en los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 68 de la Ley Nº 254 (Código Procesal Constitucional). En la Acción, la CPILAP denunció la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, la consulta previa, el medio ambiente sano, la gestión territorial y la salud, debido a la contaminación provocada por la minería aurífera ilegal que utiliza mercurio en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes.
La CPILAP sustentó su denuncia con pruebas técnicas y documentación oficial, acusando a las autoridades de no haber controlado ni fiscalizado efectivamente la actividad minera, que sigue poniendo en riesgo la salud y el territorio de los pueblos indígenas.
Entre el ocho y nueve de septiembre de 2023, tras una audiencia de más de 15 horas, el Juez Mixto de Rurrenabaque, en su calidad de Tribunal de Garantías Constitucionales, otorgó la tutela a la Acción Popular presentada por la CPILAP. El fallo incluyó 10 disposiciones que, hasta la fecha, no fueron cumplidas por las autoridades responsables, a pesar de las reiteradas solicitudes de la CPILAP.
Disposiciones Clave de la Resolución
– Suspensión de todas las actividades mineras ilegales en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes, así como de cualquier actividad minera sin licencia ambiental.
– Orden a la AJAM de realizar procesos de consulta previa en las comunidades indígenas y suspender la concesión de nuevos derechos mineros en las cuencas hasta que se realicen controles efectivos de los pasivos ambientales y se implementen programas de rehabilitación de las aguas.
– Participación garantizada de la CPILAP en la elaboración del Plan Nacional de Reducción y Control del Uso de Mercurio, especialmente en las cabeceras de los ríos y en las comunidades afectadas.
– Repetición del estudio sobre la calidad del agua en las comunidades ribereñas por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y atención a las personas contaminadas con mercurio por parte del Ministerio de Salud.
– Remisión de antecedentes a la Fiscalía General del Estado para investigar la contaminación por metilmercurio en las comunidades indígenas.
– Coordinación entre la AJAM, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para realizar controles rutinarios en los ríos Beni, Madre de Dios, Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje, con el fin de erradicar la minería ilegal.
Las comunidades indígenas exigen que estas disposiciones sean cumplidas de manera inmediata para proteger su territorio y su salud, y para asegurar un futuro libre de contaminación y destrucción por la minería ilegal.
