En los municipios rurales de Tarija, Yunchará, El Puente, zona alta de San Lorenzo, Uriondo, Padcaya y la zona guaraní del municipio de Entre Ríos, la falta de oportunidades productivas, educativas y académicas ha desencadenado una alarmante ola migratoria que ha dejado a estas regiones prácticamente sin población juvenil. Las autoridades locales, educativas, y organizaciones como Plan Internacional y el movimiento campesino, han alertado sobre el preocupante éxodo de adolescentes y jóvenes hacia las ciudades y el exterior del país.
El gerente regional de Plan Internacional en Tarija, Carlos Jalil, informó que desde la pandemia del covid-19, la ausencia de adolescentes y jóvenes en las comunidades rurales del departamento es evidente. Este fenómeno también afecta a otras regiones como el sur de Chuquisaca y Potosí. Según Jalil, los jóvenes, a partir de los 14 años, migran en busca de mejores condiciones de vida, ya que en sus comunidades no encuentran oportunidades para continuar con sus estudios o desarrollarse en el ámbito productivo.
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Refirió que la mayoría de los jóvenes entre 14 y 21 años están migrando hacia las ciudades de Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. También se dirigen a países como Chile, Argentina y Brasil, atraídos por la promesa de mejores oportunidades laborales y educativas, que sus comunidades rurales no les pueden ofrecer. A esto se suman los efectos del cambio climático, que ha mermado las capacidades productivas de muchas zonas rurales.
El alcalde de Yunchará, Agustín Casasola, confirmó que varias comunidades en su municipio han perdido prácticamente a toda su población juvenil. Indicó que no encuentran adolescentes y jóvenes en las comunidades, la mayoría ha migrado en busca de una mejor vida en otras regiones del país. Afirmó que esta situación ha dejado a los municipios rurales con una población envejecida, donde predominan las personas de la tercera edad.
Los jóvenes que emigran suelen encontrar trabajo en sectores como la construcción, talleres mecánicos, o como empleadas domésticas, niñeras y vendedores ambulantes en las ciudades, según señaló Casasola. La mayoría de ellos abandonan la escuela para integrarse al mercado laboral en las urbes, donde las oportunidades son limitadas pero más accesibles que en sus comunidades rurales.
El cierre de escuelas
Marino Valdez, representante de los residentes del valle de Tomayapo, indicó que el impacto de esta migración ha provocado el cierre de varias unidades educativas en las comunidades rurales. En escuelas que antes tenían hasta 180 alumnos, ahora apenas quedan cinco estudiantes, subrayando el dramático efecto de la migración en la educación rural.
El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Francisco Gutiérrez, expresó su preocupación por esta situación, destacando la urgente necesidad de políticas públicas que frenen la migración juvenil.
Gutiérrez señaló que las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben implementar programas educativos, productivos y técnicos que brinden condiciones de vida dignas a las nuevas generaciones en las comunidades rurales. Indicó que si no se actúa pronto, el éxodo continuará y las comunidades seguirán vaciándose.
También señaló que el cambio climático, la crisis económica y el desempleo son factores que han acelerado esta migración masiva. Actualmente, en muchas comunidades rurales de Tarija, solo quedan personas mayores de 70 años, mientras los jóvenes se ven obligados a buscar su futuro en otros lugares.
La migración juvenil en los municipios rurales de Tarija es una problemática compleja que no solo afecta a las familias, sino también a la sostenibilidad de la vida rural. La ausencia de jóvenes significa menos fuerza de trabajo para la agricultura, menos estudiantes en las escuelas y una creciente despoblación que pone en riesgo el futuro de estas comunidades.
La inseguridad juvenil preocupa a las instituciones
Las instituciones de derechos humanos en Tarija mostraron su preocupación por la inseguridad y vulneración de sus derechos que se exponen varios adolescentes y jóvenes que migran de zonas rurales a zonas urbanas, sin la protección y cuidado del Estado, por falta de políticas y programas destinados a ayudar a estos grupos vulnerables en la sociedad.
La exresponsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Entre Ríos Tarija, Rosa Colpari, asegura que varios niños y adolescentes sufren violaciones de sus derechos humanos, y experimentan abuso físico, sexual y psicológico no sólo de parientes o tutores sino también de las personas que les ofrecen un empleo a consecuencia de la ausencia de sus madres y padres.
Los programas educacionales y recreacionales para adolescentes son casi inexistentes en los municipios. La escuela no cubre las necesidades de los adolescentes y, por lo tanto, son obligados a trasladarse a las áreas urbanas y peri-urbanas con mejores ofertas. Estos viajes les exponen a riesgos sociales como la violencia sexual, explotación sexual y laboral, atracos, agresión por pandillas, y reclutamiento para tráfico, entre otros, agregó Colpari.
Esta migración también posibilita un contexto de riesgo y vulnerabilidad, sobre todo de alcoholismo, violencia sexual y una alta incidencia de embarazo adolescente, incluso de ser reclutados por el narcotráfico, acotó Colpari.
El reto para las autoridades es grande, pero necesario. La implementación de programas de apoyo al desarrollo rural, la creación de oportunidades educativas y laborales, y la lucha contra los efectos del cambio climático serán fundamentales para frenar esta migración y revitalizar los municipios rurales que hoy se encuentran al borde del abandono.
