La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que 50 mil prestatarios, cerca del 1,4% de 1.9 millones de prestatarios del sistema financiero en su conjunto, enfrentan acciones judiciales por impago de deudas.
“50.000 prestatarios hoy enfrentan acciones judiciales, y son 24.600 aproximadamente los se encuentran con acciones judiciales iniciadas”, indicó Nelson Villalobos secretario Ejecutivo de la Asoban.
Añadió que, pasado agosto, la cartera en mora alcanzó 985 millones de dólares, de los cuales más del 61% ha sido reprogramada.
Con relación a las movilizaciones registradas ayer por parte de deudores de banco en el país, para pedir que se detenga los juicios de remate de vivienda, Villalobos indicó que las entidades bancarias mantienen la predisposición de resolver de manera conjunta las dificultades con el cumplimiento con los pagos.
“Los prestatarios incluso encontrándose con acciones legales en curso, pueden acudir a sus entidades financieras para encontrar de manera conjunta y previo análisis, soluciones que les permita paralizar estos procesos”, informó.
Recordó que el pasado martes, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) amplió hasta 240 días el plazo que tienen las entidades financieras antes de iniciar procesos penales por el impago de la deuda.
Villalobos invitó a los prestatarios a asomarse a sus entidades bancarias para analizar cada caso y obtener soluciones conjuntas sobre el pago de las deudas.
“Los bancos deben ejercer acciones de cobro para precautelar la recuperación de los recursos que pertenecen a los ahorristas”, añadió.
Indicó que los bancos tienen la responsabilidad de recuperar estos recursos, es por eso que el pedido de condonación de créditos no es posible.
Con relación al Decreto Supremo 5241 que permite a los prestatarios solicitar de forma expresa y voluntaria la reprogramación y el refinanciamiento de sus créditos, indicó que los bancos son conscientes de los problemas que confrontan los prestamistas e indicó que hay total predisposición para atender todos los casos y realizar un análisis a los mismos.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que los prestatarios podrán, de manera voluntaria, solicitar o no la refinanciación o reprogramación de sus créditos si es que su actividad económica fue perjudicada, por ejemplo, por temas climatológicos o sociales.
También podrán pedir la reprogramación quienes consideren que sus ingresos fueron afectados por “el entorno económico”.
