El Gobierno, mediante el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (Sepdavi), se ha apersonado como parte en el proceso que se desarrolla contra Evo Morales por el delito de trata y tráfico. El ministro de Justicia, César Siles, dijo que caso llegaría a tener una sanción de 20 años por la agravante de que la víctima era menor de edad.
En este caso, Morales es investigado por presuntamente haber concebido un bebé con una adolescente de la región de Yacuiba en Tarija, supuestamente con encubrimiento de los padres de la muchacha.
El ministro Siles recordó que, según el Código Penal, el delito de trata tiene hasta 15 años de cárcel como sanción, pero la condena se agrava de 15 a 20 años de prisión cuando la víctima fuera niño, una niña o adolescente.
Dijo que, en el delito investigado, la víctima es una adolescente “abusada sexualmente” y cuyos padres habrían recibido favores específicos.
Proceso contra la juez
Siles anunció que se iniciará un proceso disciplinario contra la juez Lilian Moreno, quien falló a favor de Morales en una Acción de Libertad para anular la orden de aprehensión que se había emitido en Tarija.
Criticó que la juez haya decidido ese caso desde Santa Cruz, cuando la víctima es de Tarija y el denunciado, Evo Morales, es de Cochabamba.
Informó que la decisión de la juez Moreno ya ha pasado a la revisión del Tribunal Constitucional, donde se determinará si es válido.
Defiende a la exfiscal
El Ministro también cuestionó al fiscal general Juan Lanchipa, por haber destituido a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y otros dos fiscales de materia que estaban a cargo de la investigación contra Morales.
“También se están analizando las acciones legales a seguir respecto a esta destitución que, a juicio del Ministerio de Justicia, es ilegal, es arbitraria y además carece del debido fundamento”, afirmó.
