El Tribunal Décimo Anticorrupción de El Alto dejó sin efecto las observaciones del Tribunal Cuarto de Sentencia del mismo municipio y, así, ordenó que se reanude el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros acusados por la denominada «masacre de Senkata».
El abogado Jorge Nina explicó que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) presentó una acción de libertad para revertir la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia, que la semana pasada paralizó el juicio al devolver la acusación formal del caso y pedir se subsanen ciertas observaciones.
«Ha dejado sin efecto las observaciones a la acusación, en ese entendido, le ha conminado al Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que, en el término de 24 horas, continúe con el juicio oral y contradictorio», informó el abogado en entrevista con radio Éxito.
El Tribunal había pedido que se individualicen los grados de participación de todos los acusados en el hecho ocurrido en noviembre de 2019.
Nina, en ese sentido, informó también que este lunes el juez decidió remitir obrados al Ministerio Público para que los miembros del Tribunal que paralizó el juicio sean procesados.
El 19 de noviembre de 2019, se registraron hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos y 31 heridos, tras un operativo policial-militar. Cuatro días antes, se reportó una masacre en Sacaba, Cochabamba.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que, en la crisis política de 2019, se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.
Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusados por los delitos de «genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano».
De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor de 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos. Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos, por lo que se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.
Entre los acusados están Jeanine Áñez, Carlos Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio, Víctor Hugo Zamora Castedo, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Sergio Carlos Orellana Centellas, Pablo Arturo Guerra Camacho, entre otros.
