La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se declaró un estado de emergencia debido a una serie de problemas que están afectando la viabilidad y sostenibilidad del sector. Advierten que el incremento del precio del dólar derivó en un alza exagerada de los insumos, en especial, los importados lo que podría afectar a más de 400 mil empleos directos.
“El estado de emergencia en la industria de la construcción se debe a una serie de factores críticos que están comprometiendo el futuro de este sector fundamental para el desarrollo del país”, declaró Raúl Solares, presidente de Caboco.
Entre los problemas más destacados mencionados por Solares, se encuentra la escasez de combustible, que está impactando severamente la operación de equipos, maquinaria en las obras así como el transporte de materiales lo que, finalmente, encarece los costos operativos.
Otro desafío significativo es la falta de divisas y el escaso suministro de dólares. La limitada disponibilidad de la moneda está dificultando la importación de insumos, equipos, maquinarias y otros recursos esenciales para la construcción. “Esta situación está ralentizando el progreso de las obras y aumentando los costos generales, lo que afecta la capacidad de las empresas para cumplir con sus compromisos”, explicó Solares.
Además, el incremento sin precedentes en los precios de los materiales de construcción, especialmente los importados, está elevando los presupuestos de las obras en ejecución. “El aumento de los costos de los materiales de construcción ha puesto en riesgo la continuidad de proyectos tanto públicos como privados”, advirtió el presidente de Caboco.
La demora en la cancelación de pagos también está generando problemas significativos en el sector tributario. Solares hizo un llamado a la necesidad de implementar mecanismos que permitan gestionar un alivio tributario, facilidades de pago, disminución de multas e intereses, así como la reducción de medidas coercitivas.
“Para mitigar estos problemas, se deben plantear mecanismos que permitan gestionar un alivio tributario, facilitar los pagos, reducir multas e intereses, y disminuir medidas coercitivas”, afirmó.
Solares advirtió que estos desafíos no solo están impactando negativamente a las empresas del sector, sino que también ponen en riesgo la continuidad de importantes proyectos de infraestructura que son “esenciales” para el desarrollo económico y social del país.
“De no tomarse medidas inmediatas, muchas obras podrían verse paralizadas, lo que tendría consecuencias severas para los más de 400 mil empleos directos y más de un millón de empleos indirectos. Esto tendría un impacto negativo para las familias bolivianas”, concluyó Solares.
