La Defensoría del Pueblo de Bolivia pidió al Estado que proteja a niños y adolescentes de la explotación económica y de cualquier actividad laboral que interfiera con su educación o atente contra su dignidad y salud, a propósito del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
La entidad exhortó ayer, en un comunicado, al Estado boliviano «a cumplir plenamente con su mandato legal de proteger» a los menores de la «explotación económica y el desempeño» de cualquier trabajo que «pueda entorpecer su educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo integral».
La Defensoría recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como el que «priva a niñas y niños de su niñez, potencial y dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico».
Con datos de la Encuesta de Niños y Niñas Adolescentes 2016 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la institución señaló que de los tres millones de menores de entre 5 y 17 años que hay en el país, 739.000, es decir el 24,4% realizan alguna actividad laboral y otros 2,3 millones, el 75,6%, no trabajan.
De los menores trabajadores, 132.000 tienen entre 5 y 9 años, 271.000 entre 10 y 13 años, y 321.000 entre 14 y 17 años, lo que supone que «el 55,66% de esta población laboral es menor de 14 años», la edad mínima permitida en el Código Niña, Niño y Adolescente, agregó.
La defensoría mencionó que, según estimaciones de la OIT, a nivel mundial, 160 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil en 2020, y de esa cantidad, 79 millones están involucrados en trabajos peligrosos «que pueden dañar su salud, seguridad o moral».
«Es imperativo entender que el fenómeno del trabajo infantil es complejo y no puede abordarse únicamente desde una sola perspectiva, requiere la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, con acciones conjuntas orientadas a mejorar progresivamente las condiciones de vida de esta población», afirmó la entidad defensorial.
También indicó que pese a que los menores «tienen derecho a estar protegidos contra el trabajo infantil y la explotación económica, aún se observan omisiones que perpetúan la vulneración de sus derechos».
La entidad citó como ejemplo de esto la falta de aprobación y ejecución del ‘Programa de Prevención y Protección Social para Niñas, Niños y Adolescentes menores de 14 años en actividad laboral’, previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente.
La defensoría sostuvo además que seguirá «forjando acciones en la defensa y protección de los derechos de la niñez y adolescencia dirigidas al cumplimiento de las obligaciones del Estado en todos sus niveles».
