Según un informe de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), con datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), la deforestación anual en Bolivia se elevó a 200 mil hectáreas, superficie que es destinada al uso agrario, principalmente.
Según el informe, el problema se ha vuelto crónico debido a que en los últimos 20 años se calcula que cerca del 50% de toda la deforestación que ocurre en el país, sucede en bosques o suelos de vocación forestal.
Jorge Ávila, gerente general de la CFB, explicó que la incidencia de la deforestación en tierras forestales es muy elevada y tremendamente perjudicial, ya que es una deforestación descontrolada y muchas veces solo tiene el propósito de consolidar asentamientos para después justificar la obtención de un título agrario. Indicó que, lamentablemente el Estado es promotor de la deforestación dañina e inapropiada.
Cito, por ejemplo, que la Ley 337 de Reposición de Bosques, reconoce y habilita legalmente al Estado para otorgar derechos agrarios en tierras de vocación forestal y permitir que se deforesten hasta un 20% de dichos predios, así sean éstos de vocación forestal o Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), violando flagrantemente la CPE. “En los hechos, la realidad es que terminan deforestando el 100% del predio. Es lamentable la poca valoración que el Estado le da a los bosques del país”, señaló.
El ejecutivo mencionó que el Decreto Supremo 26075 denominado “Tierras de Producción Forestal Permanente”, establece que el país tiene 28 millones de hectáreas destinadas exclusivamente para la producción forestal y el sector solo hace uso de 10 millones de hectáreas, bajo manejo forestal, de las cuales apenas 2 millones están bajo derecho forestal empresarial, es decir cuentan con Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) otorgadas por el Estado (antes llamadas Concesiones Forestales) y el resto están en manos de pueblos indígenas, comunidades campesinas, algunos propietarios privados y Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL).
“Hay un porcentaje no determinado oficialmente, de tierras fiscales. El mismo Decreto destina aproximadamente 25 millones de hectáreas para áreas protegidas (parques nacionales, departamentales y municipales), de los cuales, la mancha verde en su totalidad no tiene otro objetivo que la conservación del medio ambiente y manejo forestal, lo cual, lamentablemente, no se está respetando en la actualidad.
De acuerdo con datos de la CFB, En la actualidad el sector forestal genera un movimiento económico que bordea los $us 700 millones por año y ha logrado superar los más de $us 100 millones en exportaciones.
El impacto económico por recaudaciones tributarias, además de la patente forestal y la tarifa de regulación forestal, paga todos los impuestos previstos en el régimen general (IVA, IT, IUE, sin gozar de regímenes especiales. “Si analizamos con detalle nuestra contribución estaría arriba de los $us 1.000 millones al año en beneficio de toda la población boliviana”, informó Ávila.
Se calcula que el sector forestal genera empleos directos para más de 90 mil familias y 180 mil familias que trabajan de manera indirecta en el sector. De dichos empleos, el 70% son rurales, es decir, que se realizan en las comunidades dando trabajo a lugareños, y en el caso de las industrias madereras urbanas más del 40% de la mano de obra es femenina.
