El Gobierno de Bolivia inició este miércoles una campaña para promover la reflexión de la comunidad internacional en torno a la “equívoca condena” que supuso la inclusión de la hoja de coca en la lista de estupefacientes de Naciones Unidas y que busca que sea revisada.
El vicepresidente del país, David Choquehuanca, y el canciller Rogelio Mayta lideraron un acto en La Paz en el que informaron ampliamente ante embajadores y líderes indígenas y sindicales sobre las acciones para la “Revisión crítica de la clasificación de la hoja de coca en la Convención de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961”.
“Lo que estamos haciendo es alegar la inocencia de nuestra hoja de coca porque ha sido condenada, se la ha señalado y se la ha condenado como estupefaciente en una lista negra, prohibida, como si fuera un veneno”, sostuvo el canciller boliviano.
La planta fue “condenada sin procedimiento, sin derecho a la defensa, en medio del prejuicio, del racismo, de un pensamiento colonial”, sostuvo.
Bolivia pide ahora una “revisión de ese juicio” y de esa “condena”, ya que la planta “no solamente es inocente de todos los agravios que le achacan”, sino que “puede dar salud, energía, esperanza a personas enfermas con deficiencias alimentarias”, enfatizó el ministro.
Lo que no supone que el país renuncie a sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico, agregó Mayta, quien también consideró que el uso legal y tradicional de la hoja de coca “puede ayudar a resolver ese otro gran problema” que debe enfrentar la comunidad internacional.
El canciller recordó que en junio pasado, Bolivia solicitó a las Naciones Unidas la “revisión crítica” de la hoja de coca para su desclasificación de la lista de estupefacientes.
La solicitud fue acompañada por un dosier con más de un centenar de textos, investigaciones científicas y “evidencias” sobre los beneficios medicinales de la hoja de coca realizados en las últimas décadas en Bolivia, Colombia, Perú y países de Asia y Europa, explicó por su parte el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde.
Según Mayta, esos documentos están disponibles desde este miércoles en la página web de la Cancillería y las misiones diplomáticas bolivianas iniciarán una “campaña para transmitir (esta) información”.
También anunció que llegará a las embajadas y organismos acreditados en Bolivia “esta voz del pueblo boliviano que les invita a reflexionar sobre la equívoca condena a la hoja de coca para que podamos reparar esa injusticia histórica”.
El acto estuvo matizado por un ritual de limpieza practicado por “amautas” o sabios indígenas a las autoridades.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana vigente desde 2009 por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico para fabricar cocaína.
Bolivia denunció la Convención de 1961 en 2011 y se volvió a adherir dos años después con una reserva sobre el “acullico” o masticado de la hoja de coca dentro de su territorio.
En 2017, el país amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estableció en su informe anual presentado en noviembre del año pasado que los cultivos de hojas de coca se incrementaron en Bolivia en un 4 %, al pasar de 29.400 hectáreas en 2020 a 30.500 hectáreas en 2021.
El Gobierno de Luis Arce presentó sus propias cifras que indican que la superficie disminuyó un 0,7 %, alegando diferencias “metodológicas” con la Unodc.
