Editorial
Ha pasado casi un mes desde que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incluyera en su enésimo plan de reactivación hidrocarburífera el pozo Domo Oso X3, en la reserva nacional de Flora y Fauna de Tariquía, bajo la catalogación de “Fuerza Mayor” y sin embargo, todavía no se ha dignado a llegar hasta Tarija a explicar los alcances del mismo.
Sí lo ha hecho Petrobras, que estuvo en la zona de Chiquiacá preparando lo que será la consulta previa e informada que exige la Constitución y que en 2018, tutelada por Yacimientos, trató de eludir. Aún a golpe de comunicado, Petrobras ha hecho más por transparentar lo que está sucediendo en la zona de lo que ha intentado Yacimientos, que se supone es la empresa que representa los intereses de todos los bolivianos.
Lo principal es que habrá consulta, aunque esto siempre presenta las dudas sobre el alcance de la población a ser consultada. La teoría dice que hay que consultar a toda la población afectada, pero delimitarlo es muy complejo, pues se trata de una afectación a una Reserva Natural clave en el ciclo del agua del valle central de Tarija y también fuente de recarga subacuática de la región chaqueña que se extiende hasta la pampa argentina en la que las fronteras son absurdas. Como mínimo se debería consultar a toda la población donde se extiende el área del contrato, en este caso el área de San Telmo norte, superpuesta con la Reserva y por donde se extienden una docena de pozos proyectados. Sin embargo, en estos casos donde hay resistencia Yacimientos prefiere consultar a los afectados pozo por pozo, como si una política de Estado de competencia exclusiva del nivel central pudiera quedar en manos de un puñado de personas.
También se han aclarado algunos términos confusos que Yacimientos había dejado caer en su plan. El pozo Domo Oso X3 buscará el mismo reservorio que los inicialmente proyectados al nordeste de Chiquiacá, pero se perforará desde otro punto “fuera de la reserva”.
Por otro lado, la situación de “fuerza mayor” hace referencia a la causa que en 2018 paralizó el proyecto y que no es otra que la conflictividad social, aunque nunca estuvo suficientemente justificada. Entonces se acercaban las elecciones y a Evo Morales, que iba muy justo en las encuestas, no le convenía seguir agitando el fantasma de su traición a la causa verde con un proyecto “estrella” en un área protegida al que se entraba además por la fuerza cargando policialmente contra los resistentes.
El eufemismo de “fuerza mayor” permitió paralizar la aplicación del contrato sin que nadie asumiera la culpa de nada, pero tantos años después, toca que alguien empiece a asumirlas. Nada ha cambiado en aquello que motivó la paralización y que va mucho más allá del resultado de una consulta previa. Tarija sigue teniendo las mismas dudas sobre la viabilidad de un proyecto que amenaza el valle más emblemático y cuidado del departamento y no, no hay promesas de millones y millones que pueda seducir ya a un pueblo tarijeño hastiado y descreído que solo quiere trabajar para salir adelante, sin que nadie siga vaciando sus entrañas entre fiestas y farras.
