Diplomáticos de carrera demandaron al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por $us 7 millones. Aseguran que fueron despedidos de su fuente laboral y colocados en una especie de ‘lista negra’ por el actual canciller Rogelio Mayta y ahora están imposibilitados de conseguir trabajo.
En cuestión de horas el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que “la justicia constitucional resolvió que las decisiones sobre el personal de Cancillería se enmarcan en la ley”.
“Hace más de dos años, el canciller Rogelio Mayta despidió a casi el 100% de los diplomáticos de carrera del servicio exterior boliviano sin ningún proceso legal como exige la ley y después, más adelante, cubrió su ilegal acción señalando que no existe carrera diplomática”, dijo este lunes el diplomático Javier Viscarra, quien hizo declaraciones ante los medios en La Paz acompañado de varios de sus colegas.
Viscarra agregó que después de más de dos años y tras agotar la vía jurídica interna, “los diplomáticos de carrera han presentado, hace algunas horas, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, justamente, identificando al canciller Rogelio Mayta y a magistrados del Tribunal Constitucional como autores de la violación de mandatos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La Cancillería especificó que “el Tribunal Constitucional determinó, mediante los fallos SCP N° 1189/2022-S4 de 19 de septiembre de 2022 y SCP N°1258/2022-S4 de 26 de septiembre de 2022, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia procedió de acuerdo a las leyes en vigencia para desvincular a funcionarios que fueron designados por libre nombramiento, que no tenían un estatus de servidores con carrera institucional, informó el director jurídico de la Cancillería, Bernardo Ortiz Cortez, según un comunicado de dicha instancia gubernamental”.
“Todas las desvinculaciones que se realizaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvieron enmarcadas en la normativa vigente y tomando en cuenta la situación particular de cada persona”, afirmó Ortiz.
Viscarra señaló que aquella acción de hace más de dos años, “de discriminación política y animadversión a los diplomáticos profesionales” tuvo como objetivo reemplazarlos por militantes políticos del partido oficialista “sin competencias, sin formación especializada y menos con experiencia para representar los intereses del Estado boliviano”.
Por eso, “habiéndose agotado la vía judicial en Bolivia y ante la parcialidad de los tribunales, los diplomáticos afectados han decidido interponer este recurso internacional. También, quiero decirles, que los diplomáticos de carrera hemos sido casi condenados a una especie de muerte civil, (porque) después de este tiempo, ninguno de los compañeros puede lograr un espacio de trabajo en las instituciones públicas ni en otros organismos especializados, porque formamos parte de listas negras”, remarcó.
La Cancillería respondió que los afectados pueden presentar denuncias en la instancia que vean pertinente. Viscarra y el exembajador ante la OEA Jaime Aparicio coincidieron en que existe jurisprudencia que hace prever que aunque el proceso puede demorar años, el resultado será favorable, como ocurrió en procesos similares que se registraron en Perú, donde autoridades tuvieron que resarcir los daños. Pasó también
en Venezuela.
