La violación de derechos fundamentales de las personas casi se cuadruplicó entre 2020 y 2022 de acuerdo con el informe de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), que realizó el monitoreo de los casos. De 201 en 2020 subió a 768 casos en 2022, reportó esa institución.
“Si bien existe una diferencia cuantitativa considerable, los eventos que motivaron este repunte en las cifras están intrínsecamente relacionados. En general, tienen que ver con el afianzamiento de las tensiones políticas del país que, con motivo de diferentes determinaciones e intervenciones políticas, enfrentan al gobierno central con distintos sectores de la sociedad”, señala una parte del reporte síntesis que presentó Unitas.
Las libertades fundamentales como la de asociación, expresión y reunión pacífica; además de la institucionalidad democrática y los derechos de las personas defensoras de derechos, fueron los ejes monitoreados y que merecieron la atención.
Según el informe, el 2020 el número de casos monitoreados fue menor por la pandemia del coronavirus, que tuvo en cuarentena al mundo entero y por tanto, las medidas sanitarias de restricción a la movilidad y reunión, derivaron en la desmovilización de la población en general, y con ello una disminución de conflictos sociales.
Por esa razón las cifras empezaron a subir en 2021, porque las medidas restrictivas desaparecieron y también hubo un nuevo Gobierno. Unitas considera que uno de los conflictos que se mantuvo durante el 2021 y 2022 fue el de los cocaleros yungueños, por la insistencia del Gobierno de reconocer una dirigencia paralela y la resistencia que ofrecieron los cocaleros. El año 2023 significó la persecución de todos los dirigentes que alentaron esas movilizaciones.
“De igual manera, las tensiones entre el Gobierno central y la articulación de instituciones y organizaciones del departamento de Santa Cruz (Gobernación, Comité Cívico, y otros) se manifestó en conflictos de larga duración e intervención estatal violenta (fuerzas del orden, judicialización, etc)”, señala el reporte en el mismo punto.
En los casos de libertad de prensa, junto con el derecho de la protesta fueron los derechos civiles los más afectados, por el número de casos que se presentaron. Todo el monitoreo tiene un reporte de seguimiento en los medios de comunicación.
“Los datos consolidados (sobre libertad de expresión) nos exhiben una preocupante trayectoria ascendente en este año: se pasó de un total de 79 vulneraciones en 2020, a 67 en 2021, y finalmente a 202 en 2022. Si bien existe una categoría de vulneración específica al respecto, la mayoría de estos casos se relacionan, directa o indirectamente, con la omisión del deber estatal de protección de los periodistas en todas las facetas del ejercicio de su actividad informativa”, señala el capítulo relacionado con la libertad de prensa.
Con esos datos, Unitas considera que los periodistas y trabajadores de prensa son el grupo identificado como el más afectado a lo largo del año 2022, indistintamente del tipo de derecho analizado.
