“Muchas veces escuché decir por la televisión y a uno que otro colega (agricultor) que el contrabando está matando al sector productivo e industria nacional, y hoy, después de ver la ola de tomas ilegales de predios agropecuarios, puedo decir que este delito, como el coronavirus, está ‘matando’ al agro y la economía de los trabajadores del campo”, expresó un cultivador de arroz de la zona de Guarayos, en contacto telefónico. Prefirió el anonimato mencionando que no quiere ser la próxima víctima de persecución, como suele suceder en la zona con aquellos que hablan en contra de las organizaciones sociales, en este caso interculturales, a las que se atribuyen las últimas invasiones ilegales con violencia en esa provincia.
Más allá de esta última puntualización hizo notar que el descontrol e inseguridad jurídica de la tierra en la zona no solo provoca incertidumbre e indecisión en la planificación de los trabajos, que él y otros agricultores desarrollan en el campo, sino que ahora también incide en la desvalorización del precio de las propiedades agrícolas. “Hay muchos productores desesperados por vender sus propiedades para salir de Guarayos, zona que hoy por hoy es el foco de tomas violentas y de disputa de tierras. No tengo la certeza de cuánto bajaron de precio, pero escuché casos de que la cotización fluctúa por debajo de los precios de avalúo”, mencionó el productor consultado.
Según dijo, la decisión de los agricultores se da después de las ‘sonadas’ tomas violentas ejecutadas por encapuchados armados en las propiedades Las Londras y Santagro. En este último predio, días atrás, además de reportarse el robo y el destrozo de camionetas, maquinarias e implementos agrícolas, se reportó la muerte de dos personas tras un intento fallido de cosechar 1.800 hectáreas de soya cultivadas en dicho fundo.
El efecto ‘rebote’ de venta de predios productivos por la invasión ilegal se da en menor escala en municipios del norte cruceño. Un cultivador de granos de la zona de San Pedro, sin identificarse, dio cuenta de que la mayor parte de los fundos cuenta con papeles que respaldan el derecho propietario de sus tierras. “Se sabe de presión y advertencias de tomas, pero hay dos hechos concretos que derivan de las amenazas e incertidumbre. Uno, la reducción de siembra en los campos productivos y, el otro, la salida de grupos empresariales de capitales extranjeros de la zona. Nadie invierte para perder, ¿no ve?”, puntualizó otro agricultor.
En tanto que un empresario, vinculado al agronegocio en Santa Cruz, anotó que la inseguridad jurídica es un problema estructural en Bolivia. “Los feudos de poder informales e ilegales, que políticamente responden a la estructura estatal y están asociados al narcotráfico y al contrabando, están provocando una desmotivación en la parte productiva. Nadie le va a meter plata al campo con el fin de hacerlo más productivo, para que venga una tropa de delincuentes como ocurrió en Santagro y se adueñen de todo, incluida la cosecha”, dijo.
Cree que el Gobierno no está dando señales contundentes de combate al delito de avasallamiento y que esto genera una imagen de Bolivia, al mundo, de alto riesgo de inseguridad jurídica para la atracción de inversión extranjera.
Hizo notar que muchos empresarios nacionales de diversos sectores económicos han comenzado a mirar a países vecinos, como una alternativa, para crecer y diversificar riesgos. “No quiere decir que se irán porque Bolivia no es un país con alto potencial productivo e industrial, pero requiere condiciones y reglas claras”, puntualizó.
Los avasalladores impidieron las labores de campo, incluida la cosecha de granos
Tomas condicionan negocios
Las ocupaciones arbitrarias de predios agropecuarios complican al sector agropecuario e inmobiliario. “El trasfondo de los avasallamientos es el negocio de la tierra. Al sector inmobiliario nos afecta de forma indirecta porque las tierras marcadas por antecedentes de avasallamiento condicionan la venta. ¿Qué inversionista, sea nacional o extranjero, va a animarse a comprar un predio rural con antecedentes de asentamiento humano? Los capitalistas del exterior no solo analizan la capacidad productiva de la tierra, también verifican el entorno y hoy Bolivia y, Santa Cruz en particular, está dando muchas señales de inseguridad y riesgos para invertir, sobre todo, en el sector agropecuario”, expresó un agente inmobiliario que pidió la reserva de su nombre y de la empresa. Aclaró que lo hace para evitar acoso y presión de entidades estatales que regulan al sector.
Otro ejecutivo de una empresa de bienes raíces afirmó que ellos habían establecido desde hace meses intenciones de negocio de compra de propiedades rurales con tres grupos empresariales brasileños -cada uno, según él, expresó un interés de invertir al menos $us 4 millones- pero desistieron del interés tras enterarse de lo sucedido en Santagro.
Otro efecto adverso de la toma ilegal, a decir de él, es el estrés de los propietarios que frente al temor de ser la próxima víctima de los ‘tomatierra’ ofrecen la propiedad por valores que están por debajo del avalúo bancario, en muchos casos.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, expresó que la posición el Gobierno nacional es firme y frontal contra los avasallamientos y tráfico ilegal de tierras rurales. “No se tolerará ningún hecho de avasallamiento de tierras, venga de donde venga, en cualquier parte del territorio nacional. No se permitirá ocupaciones ilegales y quienes incurran en estas acciones delictivas serán desalojados”, apuntó.
Dio cuenta de que en Bolivia el 91% de las tierras tiene seguridad jurídica, es decir, que cuentan con título de propiedad, y sólo el restante 9% está pendiente de concluir el proceso de saneamiento. “Cuando tienen títulos de propiedad, el INRA pierde competencia, cuando son titulados y hay un avasallamiento, deben denunciar a los juzgados agroambientales y la prueba es presentando el título emitido por el INRA”, acotó Núñez.
Los avasalladores cometen robos y destruyen la maquinaria agrícola
Incumplimiento de la ley
Para el abogado especialista en derecho agroambiental y desarrollo rural, Fernando Asturizaga, el avasallamiento es un delito que hay que tratarlo como tal. “Si el Estado va a actuar de manera permisiva, la situación se va a agravar, y no se ahuyentará solo la inversión extranjera, sino que la inversión del productor nacional se reducirá a lo mínimo indispensable para cumplir con la función económico social. ¿Quién se va a arriesgar a invertir en un sistema de riesgo que es caro, para que luego se lo dañen o inutilicen?”, puntualizó.
Indica que, si junto a la inseguridad jurídica se siguen colocando cupos de exportación, se retrasa la aprobación de nuevos eventos biotecnológicos y no se pone en marcha Puerto Busch, se seguirá decreciendo en productividad y dependiendo del contrabando de productos agropecuarios.
“El título de propiedad tiene que dar certeza a su propietario, por lo que no es viable que solo tenga una validez de dos años o menos, aquello no condice con los ciclos de producción agropecuaria. El Estado debe proteger a los productores de origen extranjero que vienen a arriesgar capital en el país. La tierra debería ser adjudicada individualmente a quien la necesita y tiene conocimiento para el trabajo agrícola, respetando las prioridades de acceso que manda la Ley 1715, en cuanto a que los del lugar tienen un derecho preferente”, anotó Asturizaga.
A decir del investigador en temas sociales y agrarios, Gustavo Pedraza, los atropellos a la propiedad han aumentado porque el poder político de avasalladores impide el cumplimiento de la ley. “Al no ser sancionados, estos vuelven a cometer el delito y la impunidad deja desprotegido al derecho propietario de particulares y del mismo Estado”, afirmó.
En su opinión, a nadie le motiva invertir en un lugar donde sus cultivos o su ganado pueden ser avasallados en cualquier momento, sin la protección del Estado y las autoridades competentes. “Esta razón explica en gran parte el congelamiento, o ínfimo crecimiento en la producción agrícola”, aseguró.
