El experto en recursos evaporíticos y exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos, Juan Carlos Zuleta afirma que el convenio suscrito por la estatal YLB con el gigante chino Catl Brunp & Cmoc (CBC) está al margen de la ley. Advierte además que ninguna de las empresas que forman parte del consorcio produjo un solo gramo de litio en toda su vida empresarial.
“La pregunta que todos los bolivianos deberíamos hacernos ahora es cómo se podría avalar un contrato de servicios para producir 50mil toneladas de carbonato de litio grado batería en estas circunstancias”, cuestiona el especialista en economía del litio.
Apunta que a diferencia de los contratos de servicios firmados por YPFB en 2006, los del litio supondrían cuantiosas inversiones, precisamente por tratarse de proyectos completamente nuevos, las mismas que tendrían que ser pagadas por YLB con productos de litio. “Esto no significaría otra cosa que la hipoteca de nuestros recursos naturales estratégicos de litio en condiciones absolutamente desconocidas y por un tiempo indeterminado”, señala.
También indica que los «costos recuperables» no serían aplicables en el caso del litio porque en este caso se trataría del repago de una deuda contraída por YLB por grandes inversiones que realizaría CBC y no sólo del reembolso de gastos operativos, que es lo que en general presupone en los contratos de servicios en el sector hidrocarburos.
“El 2011, los contratos de servicios eran una opción completamente válida y legal por cuanto aún no se había aprobado la Ley 535 de Minería y Metalurgia, que estableció desde 2014 que las dos primeras fases del desarrollo de la química básica: extracción y procesamiento del litio y otros recursos evaporíticos serán 100% estatales, dejando sólo la fase de industrialización del litio abierta a la participación de empresas privadas nacionales o extranjeras”, apunta.
Esas condiciones, según Zuleta, se constituyeron en una verdadera «camisa de fuerza» completamente innecesaria, que el 2017, la disposición fue trasladada con una modificación espúrea para el procesamiento de residuos al numeral III del artículo único de la Ley 928 de creación de YLB, en vigencia hasta el día de hoy.
“Al parecer, el Ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina no termina de entender que, así vistas las cosas, dicho convenio se encontraría al margen de la ley; los contratos de servicios suscritos en el sector hidrocarburos jamás hubieran sido viables de haber existido en su momento una restricción legal de esa naturaleza”, afirma.
También observa que el Ministro del área pasa por alto que tal ley se refiere en lo esencial al aspecto tecnológico, por cuanto apunta al desarrollo de una tecnología propia por Bolivia tanto en la etapa de extracción como en la de refinación del litio y otros recursos evaporíticos.
“En esa lógica, tiene que ver mucho menos con el control propietario del negocio del litio, que sería el argumento que el Ministro nos quiere hacer creer a todos para justificar un contrato de servicios con el consorcio chino CBC”, observa.
Zuleta enfatiza que los contratos de servicios se aplican a expertos o empresas especializadas en la producción de algo, pero que en este caso, “se ha podido constatar que ninguna de las tres empresas que conforman el consorcio chino ha producido un solo gramo de litio a lo largo de toda su vida empresarial”.
El expresidente de YLB recuerda que la idea de realizar contratos de servicios la planteó por primera vez en una presentación sobre la industrialización del litio que realizó en mayo de 2011 en la Casa Social del Maestro, en la ciudad de La Paz.
“Casi 12 años después, el actual Ministro de Hidrocarburos y Energías la estaría presentando como suya para intentar justificar la reciente suscripción del convenio entre YLB y el consorcio chino CBC dirigido a producir 50mil toneladas de carbonato de litio, grado batería en los salares de Uyuni y Coipasa con tecnologías de extracción directa de litio”, sostiene.
Sin embargo hace notar que los contratos de servicios, cuando los propuso en ese entonces, eran parte de una estrategia de industrialización del litio, la misma que partía de la cuantificación de las reservas del Salar de Uyuni con métodos de última generación.
“Una vez realizada esta tarea, se debían definir cuadrículas de operación y determinar cuáles áreas se asignaban a empresas especializadas interesadas en producir competitivamente el litio y cuáles se reservaban para explotación por parte del Estado (…). La cuantificación de reservas sigue siendo un trabajo pendiente para YLB”, advierte.
No obstante, afirma que no hay copias perfectas, y como la trayectoria del Ministro en la industria del litio es circunstancial y limitada, “la mencionada autoridad omite muchos detalles en su análisis”.
El 20 de enero se firmó el convenio entre YLB y el consorcio chino para la construcción de dos complejos industriales en tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Potosí y Oruro. El presidente Luis Arce dijo en la ocasión que “empieza la era de la industrialización del litio boliviano”.
