La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) proyecta que en esta gestión 2023 la inversión privada, nacional y extranjera, presentará “mejores cifras” en el país, ya que “mucho del capital interno congelado en las gestiones pasadas empezará a moverse, debido al aumento de la demanda internacional”.
Este crecimiento puede ser impulsado también por la migración de capitales foráneos que llegarán a Latinoamérica, por la inestabilidad económica en Europa que causa la guerra en Ucrania.
“En nuestra economía, el factor dinámico en este momento no es solamente la inversión pública, sino la inversión privada, que no se la resalta ni siquiera en el mensaje presidencial (del 22 de enero)”, afirmó Germán Molina, miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.
El economista indicó que en 2021 la participación de la inversión privada (nacional y extranjera) respecto al Producto Interno Bruto (PIB) fue de un 10,33%, mientras que la de la inversión pública fue de 6,5%.
Bolivia, sostuvo, “no es muy amigable para la inversión, pero a pesar de eso sorprende que el empresariado nacional y extranjero haya invertido más que el sector público”. “Ha ingresado bastante inversión al sector agroindustrial y minero, a pesar de que los costos laborales elevados y el clima de inseguridad jurídica. No se respetan las leyes y hay avasallamientos de tierras (productivas)”, agregó.
La Confederación considera que la inversión privada de este año se focalizaría en algunas áreas de alta demanda como la agropecuaria, la minería, la industria manufacturera y la energía.
“Sin embargo, esto dependerá de las condiciones políticas, jurídicas y sociales”, sostuvo.
Molina recordó que, pese al contexto jurídico y laboral, hay incentivos en el mercado local como el arancel cero a las importaciones de bienes de capital, la subvención a los combustibles y la disponibilidad de financiamiento interno a condiciones favorables para el sector productivo, principalmente agrícola y de menor escala.
En diciembre pasado, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó a este medio que el Gobierno ha incrementado la capacidad de producción del país a través de programas y acciones como incentivos tributarios para la internación de bienes de capital, vehículos y maquinaria, y el acceso a créditos preferenciales.
Estas y otras medidas promueven la inversión, agregó, así como también el fomento del consumo interno, la baja inflación y la estabilidad de la moneda nacional.
“Hemos incrementado nuestra capacidad de producción y la vamos a seguir incrementando”. Este 2023, “vamos a ver también importantes números en cuanto a producción y exportaciones en valor y en volumen, porque son inversiones que ya se han realizado y que han permitido una mayor oferta”, afirmó la autoridad.
Para Juan Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, “está claro” que, “por distintas razones económicas, que los niveles de inversión (privada) no son los necesarios”.
El experto precisó que un indicador que mide el nivel de intervención del sector público en la economía es el presupuesto del Estado respecto al PIB, que en el caso de Bolivia es de al menos un 80%, cuando en países como Paraguay y Chile no llega ni al 35%.
“Está claro que tenemos un Estado muy grande que cada vez arrincona más al sector privado. Ya lo vimos en el caso más representativo, que es el de los hidrocarburos, en el que se fue retrocediendo en prácticamente todo lo avanzado. Las grandes transnacionales desarrollaron el sector de hidrocarburos, pero luego el Estado lo ocupó”, expresó.
La patronal privada advierte que el contexto adverso sigue vigente y que no hay visos de que el Gobierno quiera cambiarlo.
En el mercado nacional, detalló, se mantienen los factores que limitan el ingreso de mayores inversiones privadas: la (falta de) certidumbre jurídica y el marco reglamentario; la política laboral y la subida en los salarios sin que exista mayor productividad; el contrabando y la informalidad, que desplazan a la producción nacional; la política tributaria, que se traduce en sobrerregulación y problemas de fiscalización “para unos cuantos contribuyentes formales”; los costos altos en sectores clave como la minería e hidrocarburos; y la ausencia de incentivos concretos para la inversión.
“A los problemas señalados, se deben sumar dos nuevos factores: la inestabilidad social y la conflictividad política, que están causando mucha incertidumbre y justificado temor entre los inversionistas por medidas como los bloqueos, paros y huelgas que han perjudicado la producción, el comercio interno y externo y el transporte”, indica la CEPB.”
“Desde hace muchos años hay una desinversión en el país y esto se debe a varias razones”, aseveró Suárez. Por ejemplo, “tenemos una legislación laboral extremadamente inflexible que hace que el inversor privado tenga aversión a contratar personas o a invertir”.
De acuerdo con datos de la Confederación, en 2019 la inversión privada fue de $us 2.600 millones
“La pandemia primero, y luego la crisis política, han afectado a la inversión privada de manera importante. Durante el 2020 ésta descendió a niveles muy bajos para luego alcanzar un mayor dinamismo en 2021 y 2022, aunque solo en algunos rubros y sin la intensidad y dimensión que hubiéramos querido”, indicó la CEPB.
Un ejemplo de esta tendencia se la puede apreciar en la IED, que en 2020 arrojó una cifra negativa de $us -1.179 millones, subiendo en 2021 a $us 599 millones, monto mayor al que registró Paraguay.
“Necesitamos urgentemente la inversión privada, más precisamente la IED, para frenar un poco la caída de las RIN “, dijo Suárez.
