La vara es más alta y los plazos apretados. La solicitud formal para revocar el mandato del presidente requiere de casi dos millones de firmas o el 25% del padrón nacional, según el Artículo 26 de la Ley 026 de Régimen Electoral.
El porcentaje es superior al 20% requerido, por ejemplo, para la iniciativa popular que ahora busca la reforma del sistema judicial a través de un referéndum y un ajuste parcial de la Carta Magna.
El constitucionalista Paul Antonio Coca hizo notar esta diferencia al momento de detallar el soporte legal del revocatorio de mandato. Mencionó la vigencia de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), además de la Ley 026 que le da viabilidad. “Es legal y democrático”, apuntó.
La constatación está vinculada con las decisiones del cabildo del 25 de enero, cuando se demandó al Gobierno aprobar “una ley de amnistía para todos los presos políticos” en menos de 30 días; vencido este plazo, se activarán los mecanismos legales para revocar el mandato del presidente Luis Arce, quien ganó los comicios de 2020 con el 55,11% de los votos.
El movimiento cívico contabilizó unos 180 detenidos por motivaciones políticas durante la administración de Arce. Entre ellos, la expresidenta Jeanine Añez, el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien está recluido desde el 30 de diciembre del año pasado en Chonchocoro.
“No hay intento golpista ni de desestabilización. La revocatoria de mandato es un mecanismo democrático y constitucional”, apuntó Coca sobre las reacciones que salieron desde Gobierno de Arce.
“Lo que nos están pidiendo es que violentemos la Constitución Política del Estado, el comiteísmo (lo comités cívicos) ha desatado una guerra contra la Constitución. Ahí el mayor incordio, para ellos, es la figura del presidente Luis Arce que no les ha permitido que puedan vulnerar la Constitución”, dijo el portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, quien rechazo aceptar un “indulto” en el caso que las autoridades judiciales y del Gobierno llaman “golpe de Estado”.
La amnistía propuesta tiene que ver con los procesos legales derivados de las pesquisas que realizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre “las graves violaciones a los derechos humanos” que se cometieron en el contexto de la crisis política de 2019, cuando fallecieron 37 personas, 20 de ellas en las masacres de Senkata y Sacaba, mientras que también hubo decesos “y abusos del Estado” cuando Evo Morales aún era presidente, señala ese reporte.
Carlos Börth, abogado con un doctorado en Derecho Constitucional, señaló que “ciertamente” hay un freno constitucional para viabilizar una amnistía, pero no así para reencauzar los procesos con decisiones judiciales que puedan permitir a los acusados defenderse en libertad. Alertó, no obstante, que el escenario político es “mucho más delicado”, pues señaló a Evo Morales como un protagonista en este proceso.
“Si se habilita el revocatorio con el número total de las firmas y considerando que una parte del MAS, la de Evo Morales, vería con buenos ojos revocar a Arce Catacora, puede producirse el voto suficiente para esa revocación del mandato, lo que provocaría un adelantamiento del calendario electoral”, apuntó Carlos Börth.
El especialista se preguntó frente a este escenario prospectivo: “Dadas las condiciones en la que se encuentra la oposición, ¿a quién beneficia más el adelantamiento del calendario electoral?”
“Es este efecto al que yo le presto más atención. Las fuerzas de oposición, los comités cívicos deberían frenarse un poco, analizar con cuidado, las consecuencias de una revocación del mandato de Arce Catacora”, anotó.
Recordó, sobre la base de esta reflexión, el referéndum revocatorio que se hizo en 2008, cuando Evo se sometió a la validación de su mandato junto con los nueve prefectos de departamento que, por primera vez en la historia del país, llegaron al cargo por el voto.
“El resultado de ese intento fue la consolidación de Evo Morales. La mayoría de los votantes dijo que no había que revocarlo. En ese momento, Morales gozaba de amplia popularidad y apoyo; no es el caso de ahora, pero es esa es una experiencia que hay que analizarla con mucho cuidado”, dijo.
Morales reaccionó a través de sus redes sociales luego de la visita que cumplió a Argentina, donde coincidió con el presidente Arce para la cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac). A pesar de ese escenario, Arce ni Morales se reunieron ni pudieron saludarse.
Justamente hace tres años, el 27 de enero de 2020, Evo proclamó al “hermano Lucho” como su candidato a las elecciones que, finalmente, ganó con el 55,11%.
“Defendemos nuestra revolución, pese a cualquier traición”, señaló en su cuenta de Twitter y luego se fue en picada contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. No mencionó al presidente Arce y acusó a los cívicos de buscar “ganar en mesa lo que no se ganó en la cancha”.
Coca explicó que los artículos 11, 170 y 171 de la CPE, “que habla de un pequeño procedimiento para llevar adelante el revocatorio y que establece “el cese inmediato” de las funciones del presidente en caso de ser revocado, constituyen las primeras bases legales del proceso. A estos apartados, señaló, se suma el 240 que deja claro que el mecanismo podrá ser tramitado solo cuando la autoridad cuestionada haya cumplido la mitad de su mandato.
El jurista pidió diferenciar dos etapas en este mecanismo. El primero está vinculado con la solicitud que se hace al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que es la entidad que debe verificar la validez de casi dos millones de firmas del padrón antes de fijar la fecha del referéndum con el que se le puede preguntar al país sobre la pertinencia de mantener o no el mandato del jefe de Estado. Esta es la segunda fase del proceso.
“El solo hecho que el TSE avale las firmas para el revocatorio ya es una derrota política para Luis Arce, esto al margen del resultado de la consulta ciudadana”, consideró el especialista.
Respecto a la posibilidad de una amnistía o que se flexibilicen las detenciones que se han dado en el marco de las investigaciones de la crisis política de 2019, Paul Coca descartó que Arce cambie de opinión frente a este escenario.
“El presidente no cambiará de postura y no lo hará. Tampoco la postura del cabildo. Es de esperar que el presidente haga algo para buscar acuerdos”, añadió. “Eso sí Evo Morales estará atento en este proceso de revocatorio”, dijo Coca.
Vladimir Peña, exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz en la gestión de Rubén Costas, consideró que la demanda de amnistía no se trata de una idea conspirativa contra el Gobierno o la búsqueda de impunidad, sino de un mecanismo democrático con base en un derecho constitucional. “Es una facultad del Estado y hay que analizarla para reconciliar sociedades que han terminado divididas por diversos hechos”, afirmó la exautoridad.
La Asamblea Legislativa aprobó, a principios de 2021, una amnistía e indulto “por persecución política” para 1.000 ciudadanos, seguidores de Morales. La medida fue cuestionada por organismos internacionales y se anuló. Pese a ello las pesquisas no avanzaron.
