Desde hace cinco años, Delia Veizaga (21) debe someterse tres veces por semana a sesiones de diálisis que le permiten continuar con vida. Su rutina era la de una joven normal, entre los estudios, el deporte y los amigos, hasta que en 2017 le detectaron lupus, una enfermedad inflamatoria en la que el sistema inmunológico ataca sus propios tejidos. Un año después tuvo que empezar a dializar porque el mal afectó seriamente sus riñones.
Este miércoles, Delia se sumó al grupo de personas que instaló una vigilia afuera de Davosan para exigir al Gobierno que renueve el convenio con esta fundación para que siga prestando el servicio de hemodiálisis a más de 50 personas a través de Sistema Único de Salud (SUS).
A las preocupaciones por su tratamiento, se suma la angustia porque el convenio entre el Ministerio de Salud y la fundación Davosan finalizó en diciembre.
La cicatriz en el cuello le recuerda el momento en que empezó a recibir el tratamiento a través de un catéter y, luego de que su cuerpo empezó a tolerar el tratamiento, pasó a dializar extendiendo el brazo. Estaba saliendo bachiller y, debido a la enfermedad y a que los recursos no alcanzan, no ha podido ingresar a la universidad, pero no pierde la esperanza de cumplir sus sueños en el arte o en la arquitectura.
“Son cuatro horas que uno está conectado a la máquina, sin ella no se puede vivir”, dice la joven que le ayuda a su mamá en la venta de ropa para comprar medicamentos y cubrir los estudios.
Para ella y los que se benefician del SUS el tratamiento es gratuito, pero en el sector privado cada sesión cuesta entre Bs 500 y 700. Delia se somete tres veces al procedimiento, por lo que precisaría de más de 8.000 por mes, suma que su familia no puede reunir.
Willy Quispe (58), presidente de la Asociación de Discapacitados Renales Vida y Esperanza, señala que no existe una justificación para dejar sin efecto el convenio, por lo que pide al Ministerio de Salud instruir su continuidad. Destaca el buen trato que reciben y los lazos de amistad que han creado entre los pacientes y el personal que los asiste. “Necesitamos que nos garanticen la continuidad del servicio. Este es un caso de vida o muerte”, dice Quispe, quien desde hace un año y dos meses somete a su cuerpo al procedimiento en el que una máquina le extrae las toxinas de su sangre. También ha empezado a perder la vista.
Willy era un hombre activo, conocido por comandar los operativos de control del espacio público cuando era funcionario municipal, pero la diabetes y la hipertensión fueron afectando silenciosamente su salud hasta llevarlo al colapso. “Antes de eso no pisaba los hospitales. Esto le puede pasar a cualquier persona. La diabetes y la hipertensión son enfermedades que afectan cada vez a más gente. Aquí hay jóvenes, personas ciegas y en silla de ruedas que dializan. Necesitamos el servicio”, dice.
Marco Antonio Tórrez, secretario general de la asociación, indica que eran 56 personas las venían dializando en este centro, pero han tenido que lamentar el fallecimiento de una de ellas que acudió a otro centro a realizarse el procedimiento. No se saben las razones, pero después de eso tuvo una descompensación, ingresó en terapia intensiva y murió.
Neydi Rodríguez (41) hace 15 años lucha contra el lupus y hace siete meses que sus riñones no le respondieron, por lo que tuvo que empezar a dializar. Cada lunes y viernes acude a su sesión, por lo que su madre Manuela Guarayuco (58) vende comida y horneados para solventar sus gastos, porque si bien la diálisis es gratuita, tienen que buscar la forma de costear los pasajes y algunos otros medicamentos que ella necesita.
“Yo sola tengo que cuidar a mi hija y si nos llevan lejos, ¿cómo podremos costear más pasajes?, por eso pedimos que nos mantengan en Davosan. Si no nos atendieran de forma gratuita no tendríamos de dónde sacar para pagar una sola sesión”, dijo.
S. Guzmán (57) padece de diabetes y hace un año enfermó de covid, lo que le afectó la vista y los riñones, por lo que no tuvo más opción que también empezar a dializar. “Dializo los martes, jueves y sábado y ya no puedo trabajar porque tampoco veo. Tengo mareos y mi esposa es trabajadora del hogar y con eso me mantiene, por eso no podríamos pagar una diálisis que sale unos Bs 700 la sesión, si nos quitan esto, nos vendría la muerte nomás”, dice drásticamente.
“Rogamos al Gobierno que nos ayude a los pacientes renales, porque si no nos asisten lo que nos queda es la muerte. No es que nos encaprichemos en quedarnos aquí (Davosan), sino que en este centro hay médicos que, cuando estamos dializando y nos ponemos mal, bajan y nos atienden sin ningún costo, si nos mueven a otro centro no tendríamos esas atenciones”, reclama.
Félix Góngora (70) hace cuatro años necesita tres diálisis a la semana para mantenerse controlado. Tiene tres hijos, pero vive solo y depende del pago mensual de la Renta Dignidad y de alguna otra donación que le hacen llegar. “No me cuesta nada la diálisis, pero si nos llevan a otro lado no podríamos aguantar, por eso estamos luchando”, dijo.
Óscar Hurtado (66) desde hace tres décadas lucha contra la diabetes y solo puede ver con el 30% de uno de sus ojos y desde hace ya casi cinco años depende de la diálisis para mantenerse estable.
Su esposa María Elena Égüez hace comida cuando puede para comprar algo de medicamento, pero “él se desespera al saber que se puede cortar el servicio de diálisis en Davosan y ha entrado en depresión y ansiedad”, señala.
El Gobierno
Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud garantizó el tratamiento gratuito a todos los pacientes renales que necesitan diálisis a través del SUS.
Con respecto a la movilización, el pronunciamiento oficial señala que los pacientes que acuden a Davosan fueron reasignados a los cinco centros donde el Gobierno garantiza los tratamientos en Santa Cruz: Bioingeniería Especializada (BIE), Hospital Universitario Martín Dockweiler, Nefrodialisis, Neprhology y el Centro de Nefrología y Diálisis (CND).
Agrega que la cesación del convenio con Davosan y el Ministerio de Salud fue una decisión unilateral y que todas las obligaciones con el centro ya fueron cubiertas. “Al no existir razón alguna para medidas de presión, llamamos a los pacientes renales a acceder a cualquiera de los centros disponibles que garantizan el derecho que tienen a su tratamiento gratuito y de calidad”, cierra el comunicado.
