En seis días –desde su aprehensión hasta su posterior detención en la cárcel de Chonchocoro– crece la presión sobre el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, desde al menos tres flancos: la Fiscalía, el Gobierno y los Ponchos Rojos.
El Ministerio Público impulsa otro proceso contra Camacho por una supuesta “violación”. El Gobierno central exige a la justicia la ampliación de la detención preventiva de la autoridad cruceña de cuatro a seis meses. Los Ponchos Rojos lanzaron amenazas, se instalaron fuera del penal y agredieron a simpatizantes de la autoridad.
Mientras que en el departamento de Santa Cruz y en otras regiones crecen las movilizaciones de apoyo exigiendo la libertad de Camacho, en La Paz se suspendieron tres audiencias en dos procesos activos contra la autoridad cruceña. Además, Régimen Penitenciario contradijo al Ministerio de Gobierno sobre un supuesto ambiente destinado para el gobernador y, ayer, luego de cuatro días de insistencia, recién la autoridad cruceña pudo recibir los fármacos que necesita para su tratamiento.
En medio de ese escenario, campesinos de una facción de los Ponchos Rojos agredieron con palos y chicotes a otro grupo de personas que llegó hasta las puertas de Chonchocoro para apoyar a la autoridad cruceña. Estaban muy molestos porque un día antes dos parlamentarios de Chile y España llegaron hasta el lugar con el propósito de visitar a Camacho. En tono de amenaza, los campesinos dijeron que, si vuelven los “golpistas, los van a recibir bien bonito”.
“Nos hemos autoconvocado para mantener una vigilia constante, estamos molestos por estos legisladores de la derecha fascista que estaban pidiendo justicia (…). Advertimos que, si esos caballeritos vuelven, ya se están controlando todos los accesos a Chonchocoro. Desde hoy (ayer) se mantiene una vigilia constante, desde la entrada se van a realizar controles, no se va a permitir golpistas”, amenazó uno de los campesinos con chicote en mano.
Ayer, la Fiscalía suspendió una audiencia de declaración informativa de Camacho por una denuncia de una supuesta violación que habría ocurrido hace 35 años. La presunta víctima es Jesús Guillermo Melgar Aguilera. La citación para esa declaración fue firmada el 30 de diciembre de 2022 y se pretendía llevar a cabo en Chonchocoro, pero el abogado, Juan Carlos Camacho, informó que se postergó para el lunes 9 de enero.
“Se ha suspendido porque el mismo (Camacho) está recibiendo el tratamiento clínico que tenía pendiente e igual hay recursos pendientes que deben atenderse antes de que se emita esta (declaración)”, dijo el abogado Camacho.
Los recursos pendientes son dos. El primero se refiere a una audiencia de acción de libertad que se presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz y que busca que Camacho sea trasladado, pero la jueza Elvira Velásquez declinó su competencia y remitió la acción a La Paz. En tanto, la defensa del gobernador impugnó su decisión y pidió que revise esa acción.
El otro recurso es la audiencia de apelación –que también presentó la defensa de Camacho– contra la decisión del juez octavo de Instrucción en lo penal, Sergio Pacheco, quien la madrugada del 30 de diciembre decidió enviar a Chonchocoro al Gobernador por cuatro meses con detención preventiva.
Este recurso se presentó primero de forma oral, inmediatamente después de que Pachecho emitió el fallo y, según la defensa, debía resolverse con antelación, pero hasta la fecha no se tiene día ni hora fijada para esa audiencia. Para los abogados del Gobernador cruceño, este hecho es una ilegalidad.
La Fiscalía y la Procuraduría presentaron una apelación a la decisión del juez Pachecho y exigen que el mismo amplíe la detención preventiva de Camacho por dos meses más, informó desde Sucre, el ministro de Justicia, Iván Lima.
La autoridad dijo que “es un derecho que tiene el Ministerio Público, la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno que están pidiendo que se modifique la medida y que se amplíe la detención de cuatro a seis meses”.
Anoche, militantes del MAS realizaron una marcha en la ciudad de La Paz exigiendo “justicia” para los muertos de Senkata y Sacaba. El numeroso grupo de personas, con carteles en los que se leía “fue golpe, Senkata no se olvida”, wiphalas y petardos llegaron hasta las puertas de la Fiscalía Departamental, donde hicieron un minuto de silencio y pidieron a gritos “¡Justicia!”.
