El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, aprovechó la inauguración del año judicial para reclamar una reforma real del sistema judicial. En su discurso mencionó la beligerancia política, la falta de diálogo y los intereses regionales y de grupo como los obstáculos que impiden esta reforma.
Aludió también al incumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales y del Relator de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces, sobre las sanciones que se debían imponer a los responsables de las «masacres» y «vejámenes» en los conflictos sociales de 2019.
Dijo que el Estado está en la obligación de buscar justicia sobre estos hechos que no pueden quedar en la impunidad.
«Si no existe justicia no habrá paz duradera, si no se busca, en la administración de justicia, la oportunidad de terminar con la impunidad; tampoco habrá armonía y sosiego en la sociedad”, sostuvo.
No citó para nada el conflicto de Santa Cruz ni la aprehensión de Luis Fernando Camacho, pero se refirió a «la beligerancia política y la falta de un diálogo» que impiden una mejor funcionalidad del sistema judicial.
Torres cuestinó «actitudes mezquinas de un interés propio de una región, de un grupo, estamos reduciendo el interés de la patria al interés de unos cuántos, cuando la tarea y el reto es construir patria, construir una justicia que se acerque más a la realidad”, remarcó.
«Si no desmontamos y no nos desarmamos de estas actitudes personales, regionales, de grupo o estrictamente políticas no podemos hablar de una reforma judicial transparente, que se acerque al ciudadano, simplemente estamos queriendo capturar al Órgano Judicial y al sistema de administración de justicia para fines mezquinos, para fines propios”, concluyó.
En esta jornada el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) también realizó la inauguración del Año Constitucional y lo propio el Tribunal Agroambiental que posesionó a su nueva presidenta la magistrada María Tereza Garrón.
El ministro de Justicia, Iván Lima, hizo referencia al último año de gestión de los actuales magistrados. “Se trata de la última inauguración del Año Judicial de este periodo de los magistrados que emprendieron la transformación de la justicia en estos seis años”, sostuvo.
Lima, pidió a los magistrados que en esta gestión deben mostrar un trabajo conjunto de un cambio en la justicia, un cambio que responda a las necesidades de una sociedad en constante movimiento.
“Ratificamos el firme compromiso con la independencia de la justicia, que se ha visto con acciones y tareas concretas en los últimos años, que han marcado una ruta crítica fundamental», dijo el ministro.
La reforma de la justicia «no es únicamente una tarea de los jueces sino una tarea conjunta», complementó Lima. Aludió algunas cifras como por ejemplo el aumento en las sentencias en casos de feminicidio.
El TCP exige reforma de ley
En la Casa de la Libertad, se desarrolló el acto de inicio del Año Constitucional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Su presidente, Paul Franco, hizo referencia a los avances jurisdiccionales y académicos de este tribunal y pidió a los parlamentarios acoger las iniciativas de reformas para perfeccionar, optimizar y darle mayor efectividad a la protección de los derechos humanos y constitucionales, lo que significa desburocratizar algunos trámites.
“En este acto de inauguración del Año Constitucional, hemos exhortado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que en breve pueda analizar el contenido de las iniciativas que hemos presentado para llevar adelante una reforma a la jurisdicción constitucional en aras de garantizar al pueblo boliviano una justicia más accesible, sobre todo pronta”, sostuvo.
