Rubén Darío Cuéllar, integrante de Juristas Independientes, calificó de dilatoria la exigencia que dispuso el organismo de que las actas estén suscritas por notarios.
Tras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) despejara la vía para la iniciativa ciudadana de reforma judicial, el grupo de Juristas Independientes, que impulsa ese proceso, espera la notificación para luego embarcarse desde enero en la recolección de firmas.
En contacto con Página Siete, Rubén Darío Cuéllar, integrante del grupo de Juristas Independientes, calificó de dilatoria a la exigencia que dispuso el TSE de que las actas estén suscritas por notarios. Agregó que ese requisito implicó una demora innecesaria.
“Ha sido una demora innecesaria. Sin embargo, a pesar de esa demora, estamos esperando la notificación para inmediatamente proceder a recuperar el tiempo perdido irrazonablemente, y poder estar en los primeros días de enero con los libros en las calles, buscando la adhesión de la ciudadanía”, dijo.
Esta semana se conoció que la exigencia del TSE, de que las actas de apertura y cierre de los libros de adhesión sean suscritas por notarios de fe pública, puso en jaque la iniciativa ciudadana de reforma judicial, porque se estimó que el procedimiento tendría un costo de al menos un millón de bolivianos.
Todo se originó al 14 de octubre, cuando el TSE modificó el reglamento para la “Verificación de huellas, firmas y la pregunta en el proceso de iniciativa popular” e introdujo, en el artículo 17, la disposición de que “los promotores deberán prever que las actas de apertura y cierre se encuentren llenadas y suscritas por un notario de Fe Pública”.
Tras el revuelo generado, el vocal Francisco Vargas informó ayer que se abrió la posibilidad de que se dé fe a los libros a través de la Secretaría de Cámara del TSE y de las secretarías de cámaras departamentales. “Se ha abierto la posibilidad (…). Se va a dar respuesta de manera formal en el transcurso de estos días”, señaló el vocal Vargas.
Cuéllar manifestó que el proceder del TSE puede ser calificado de dilatorio, porque el 14 de octubre el organismo modificó su reglamento para introducir la función de los notarios, que dependen de otro órgano del Estado, y ayer anunció, en los hechos, que nuevamente lo ajustará.
El jurista indicó que la fecha prevista para iniciar la recolección está en función de que les entreguen los libros y, luego, sean autorizados.
“La fecha prevista es inmediatamente nos entreguen los libros y nosotros podamos hacerlos autorizar, aprobar -como dice el reglamento- por el secretario de cámara. Si eso lo hacemos el 4, el 5 o el 3 o el 8 de enero, ese día comenzamos con la recolección de firmas”, dijo.
Tras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) despejara la vía para la iniciativa ciudadana de reforma judicial, el grupo de Juristas Independientes, que impulsa ese proceso, espera la notificación para luego embarcarse desde enero en la recolección de firmas.
En contacto con Página Siete, Rubén Darío Cuéllar, integrante del grupo de Juristas Independientes, calificó de dilatoria a la exigencia que dispuso el TSE de que las actas estén suscritas por notarios. Agregó que ese requisito implicó una demora innecesaria.
“Ha sido una demora innecesaria. Sin embargo, a pesar de esa demora estamos esperando la notificación para inmediatamente proceder a recuperar el tiempo perdido irrazonablemente, y poder estar en los primeros días de enero con los libros en las calles, buscando la adhesión de la ciudadanía”, dijo.
Esta semana se conoció que la exigencia del TSE, de que las actas de apertura y cierre de los libros de adhesión sean suscritas por notarios de fe pública, puso en jaque la iniciativa ciudadana de reforma judicial, dado que se estimó que el procedimiento tendría un costo de al menos un millón de bolivianos.
Todo se originó al 14 de octubre, cuando el TSE modificó el reglamento para la “Verificación de huellas, firmas y la pregunta en el proceso de iniciativa popular” e introdujo, en el artículo 17, la disposición de que “los promotores deberán prever que las actas de apertura y cierre se encuentren llenadas y suscritas por un Notario de Fe Pública”.
Tras el revuelo generado, el vocal Francisco Vargas informó ayer que se abrió la posibilidad de que se dé fe a los libros a través de la Secretaría de Cámara del TSE y de las secretarías de cámaras departamentales. “Se ha abierto la posibilidad (…). Se va a dar repuesta de manera formal en el transcurso de estos días”, señaló el vocal Vargas.
Cuéllar manifestó que el proceder del TSE puede ser calificado de dilatorio, porque el 14 de octubre el organismo modificó su reglamento para introducir la función de los notarios, que dependen de otro órgano del Estado, y ayer anunció, en los hechos, que nuevamente lo ajustará.
El jurista indicó que la fecha prevista para iniciar con la recolección está en función de que les entreguen los libros y, luego, sean autorizados.
“La fecha prevista es inmediatamente nos entreguen los libros y nosotros podamos hacerlos autorizar, aprobar como dice el reglamento por el secretario de cámara. Si eso lo hacemos el 4, el 5 o el 3 o el 8 de enero, ese día comenzamos con la recolección de firmas”, aseguró.
Una exigencia
Requisito • Esta semana se conoció que la exigencia del TSE, de que las actas de apertura y cierre de los libros de adhesión sean suscritas por notarios de fe pública, puso en jaque la iniciativa ciudadana de reforma judicial.
Costo • El grupo de Juristas Independientes estimó que ese procedimiento tendría un costo de al menos un millón de bolivianos.
