El presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDH-B), Édgar Salazar, anunció que su organización termina un informe sobre los sucesos violentos y luctuosos que se suscitaron durante el “bloqueo indefinido obligado” en Santa Cruz.
Resumió con que en esos días de protesta hubo “crímenes de odio”, por los que los responsables deberán ser juzgados.
Ello para evitar que los hechos queden impunes.
Dijo que en el informe, que será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se evidencia la responsabilidad que tuvieron diversos actores.
Entre ellos la Gobernación de Santa Cruz, cívicos y Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
El paro que duró 36 días, comenzó el 22 de octubre para presionar al Gobierno a aceptar Censo en 2023.
Durante esos días hubo varios hechos delictivos que serán investigados por las instancias correspondientes.
“La denuncia ya está elaborada y estos sucesos de muerte, violación, heridos, quema de instituciones y maltratos a los hermanos indígenas no pueden quedar en la completa impunidad”, contó Salazar a La Razón Radio
Dijo que los crímenes de odio fueron perpetrados desde el Comité pro Santa Cruz, que, en su criterio, a través del discurso de odio al que piensa diferente, generó violencia, muertes, heridos, humillaciones, discriminación y quema de instituciones.
“A través de eso es que enfocamos la figura de crimen de odio”, aclaró Salazar.
Informe paralelo
Lamentó que el Comité Interinstitucional prepare un “informe paralelo” con el fin de eludir los hechos de violencia.
En ese informe se pretende caracterizar al paro indefinido como “pacífico”, en el que no existió ningún tipo de violencia.
“Todos hemos sido testigos de las cuatro muertes, una violación grupal y los heridos, el terrorismo ejercido por la Unión Juvenil Cruceñista, médicos golpeados e instituciones sindicales quemadas”, acotó.
Afirmó que a fin de lograr más apoyo, se suscribirá un acuerdo con la Central Obrera Regional de El Alto (COR).
Así se asumirán acciones de manera conjunta contra la dirigencia del paro.
Persecución política
Ante el anuncio de procesos penales en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, éstos denunciaron “persecución política” y “revanchismo”.
Salazar pidió a los miembros del Comité pro Santa Cruz y del Comité Interinstitucional que asuman conciencia de que sus actos generaron muerte, luto, dolor, violaciones, heridos, humillaciones.
Aseguró que esos hechos “no se los puede ocultar bajo la figura de persecución política”.
“Tienen que ser conscientes de que tienen que someterse ante la justicia boliviana y esperemos que no exista ningún tipo de persecución, como se ha anunciado, contra aquellas autoridades que viven en Santa Cruz, llámense fiscales o jueces”, señaló.
Indicó que esos hechos son de preocupación; sin embargo, eso no significa que los líderes cruceños no vayan a ser denunciados ante la CIDH.
“Hay muchos hechos que no pueden quedar en la impunidad y, lastimosamente, se escucha la figura de persecución política. Hay que dejar que el Ministerio Público y la Justicia hagan su trabajo, por ello nuestro informe ha de contribuir de gran manera”, insistió.
Policía
En el informe también se hace referencia al papel de la Policía en la resolución del conflicto.
De acuerdo con Salazar, hubo ciudadanos heridos en el momento en que actuó la Policía (uso de agentes químicos y desproporcionado de la fuerza), así como reportes de policías heridos.
“Esos datos van a estar contemplados en el informe. La cantidad (de policías heridos) no es similar a la ocurrida con la gente herida en el sector de gremiales y el Plan 3000 (atacados por la UJC)», dijo.
«No vamos a dejar suelto lo que ha actuado la Policía”, afirmó.
Cercos
Respecto a los cercos, el presidente de la APDH-B aseguró también que en esos días se cometieron varios delitos de lesa humanidad, como los cercos propiciados por gente de provincia que impidió el ingreso de alimentos a sectores más humildes de Santa Cruz.
“Los sectores más empoderados y acomodados no han sufrido ningún castigo del derecho a la alimentación, transitaban de manera libre entre el primer y tercer anillo», afirmó.
«Pero del cuarto anillo para adelante las rotondas estaban bloqueadas, se gritaba y humillaba de manera desmedida por parte de los jefes de rotondas, conocemos esa situación”, acotó.
Unión Juvenil
También se informará sobre la actitud violenta y de manera desmedida de los integrantes de la UJC, “al estilo de las Camisas Pardas de Alemania”.
“Esa gente ha atropellado a los sectores que pedían volver a trabajar, existen heridos del lado de los gremiales que tenemos reportados”, denunció.
Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió al Estado desmantelar grupos parapoliciales como la UJC y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)
