Hasta 2016, el gobierno de Evo Morales tenía la convicción de que el Silala era un conjunto de manantiales y no un río internacional. Para consolidar esa narrativa, el Estado destinó Bs 3,5 millones para realizar estudios con el objetivo de implementar una hidroeléctrica, planta embotelladora de agua y la producción de truchas.
Brújula Digital revisó los contratos realizados desde 2007 hasta 2016 cuando, después de la amenaza de Morales de enjuiciar a Chile, Chile presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para que esa instancia determine que el Silala es un río internacional.
Para la realización de consultorías, estudios y proyectos con las aguas del Silala se han destinado Bs 2,3 millones de los presupuestos del gobierno departamental de Potosí, pero al menos hasta ahora, ninguno pudo ser implementado.
Se realizaron estudios para la construcción de una central hidroeléctrica que debía funcionar con las aguas del Silala.
También se hicieron diagnósticos para la construcción de una planta envasadora de las aguas del Silala.
También hubo un estudio para la construcción de una planta industrializadora de agua mineral financiado por el gobierno municipal de San Pablo de Lípez.
La Cancillería boliviana también destinó 127 mil bolivianos de su presupuesto para comprar botellas de agua natural de los manantiales del Silala para la cumbre G77 más China que se realizó en la ciudad de Santa Cruz.
La revisión de los contratos da cuenta de que el ministerio de Comunicación destinó más un millón de bolivianos para la campaña comunicacional denominada: «Las aguas del Silala son un manantial y no un río internacional».
El jueves 1 de diciembre de este año, La Haya llegó a la conclusión de que Bolivia respaldó la demanda chilena en sentido de que el Silala es un río de curso internacional por el que Chile tiene derecho a su uso en el marco de lo estipulado por el derecho internacional.
La «tesis» boliviana de «manantiales» no fue defendida en el tribunal internacional.
Los presupuestos que son de alcance público no incluyen los contratos del equipo jurídico que defendió a Bolivia y la consultora internacional Danish Hydraulic Institute (DHI) que realizó el estudio que dio razón a la demanda de Santiago.
Sin embargo, durante el auge de la narrativa de los “manantiales”, se desembolsaron recursos para aprovechar esas aguas. Fue el mismo presidente de entonces, Evo Morales, quien inauguró un criadero de truchas. Meses después, el proyecto naufragó.
Aunque se hicieron al menos tres estudios, no se conocer los resultados para la implementación de plantas procesadoras de agua en esa región fronteriza.
