La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) exhortó a las autoridades políticas y líderes civiles a dialogar y dejar de lado “posturas radicales e intransigentes” para levantar el paro indefinido en Santa Cruz, que este jueves cumple 13 días consecutivos.
“Necesitamos diálogo para solucionar el conflicto social actual, dejar de lado posturas radicales intransigentes, y que nuestras autoridades políticas y líderes civiles, se reúnan, dialoguen, solucionen los conflictos y den certidumbre”, se lee en un pronunciamiento de la CAO.
Mediante ese documento, la CAO señaló que en Santa Cruz la cadena productiva y de abastecimiento está “prácticamente paralizada” ante falta de circulación de combustible e insumos, el cerco, limitación de gas en la industria y restricciones a las exportaciones.
A consecuencia del paro, los productores no pueden cosechar ni sembrar, no logran alimentar a sus animales, no reciben atención de profesionales; asimismo, “los pollitos bebé se mueren en camiones en el trayecto rumbo a las granjas, la leche se tira en canales o se echa a perder en tanques”.
El sector lechero perdió Bs 16 millones, los avicultores reporta un millón de pollitos bebé muertos (que significa carne para la canasta familiar), los agricultores lamentan que está en riesgo dos millones de hectáreas al no poder sembrar por falta de combustible o circulación.
Son más de 115 mil unidades productivas pequeñas, medianas y grandes afectadas. Si persiste el paro, “mañana pueden llegar a faltar carnes, leche, huevos, granos, frutas, verduras, hortalizas, en cantidad, calidad y a precios justos en todo el país”.
“Necesitamos que nuestras autoridades pongan sus buenos oficios para que los alimentos circulen, por medio del diálogo y el acompañamiento. Requerimos de mecanismos de seguimiento y protección que garanticen la seguridad alimentada de los bolivianos, no solo para los alimentos en circulación, sino también para todos los productos que conforman la cadena productiva nacional”, insistió la CAO.
El paro indefinido en Santa Cruz es promovido por el Comité Interinstitucional, que demanda que el Gobierno recorra el Censo a 2023 y no lo efectué en 2024 como estableció, en consenso, el Consejo Nacional de Autonomías (CNA).
