La subvención del 20% al precio de la soya, le corresponde al Gobierno nacional y no a los productores, manifestó esta noche el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores. Agregó que el sector, debido a la inactividad económica provocada por la pandemia el año pasado, está afectado y endeudado.
“Nos afecta aproximadamente unos 50 dólares por tonelada de soya, que dejaríamos de recibir los productores. Eso en términos generales representa más de 100 millones de dólares que dejaríamos de percibir, por esta subvención que existe a la harina en el mercado interno. (…) No queremos la responsabilidad de subsidiar la harina en el mercado interno, eso le tocaría en todo caso al Gobierno”, declaró en Página Siete.
El nivel central del Estado determinó una nueva banda de precios a la soya, para controlar el 20% de producción y así se pueda garantizar el abastecimiento en el mercado interno. Pero, los productores primarios indicaron que la subvención, la cual es entre privados, se la trasladaron a ellos, por lo cual determinaron realizar un bloqueo de caminos en Santa Cruz.
Flores explicó que al momento de vender su cosecha a los empresarios que procesan el grano se soya, les pagarán menos de lo que cuesta la producción. Asimismo, explicó que el producto para el mercado interno está garantizado, por lo cual rechazan la nueva banda de precios, por las pérdidas millonarias que significará para el sector.
“Este precio a la harina de soya se aplica al 20% que se consume en el mercado interno, por ejemplo: si por tonelada tuviéramos que recibir los productores 400 dólares, pero al negociar con la industria, con la nueva banda de precios nos dirán: señores no puedo pagar ese precio y nos pagarán 350 dólares, por decir”, explicó.
El titular de la Anapo señaló que el bloqueo indefinido que iniciaron hoy fue contundente en los diversos sectores soyeros, como El Puente de la Amistad, San Julián, Cuatro Cañadas, 26 de Agosto y Okinawa 1. Sin embargo, indicó que están depuestos a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y que sus demandas no son intransigentes.
