Con “grave preocupación”, por lo que entienden es un “cambio de rumbo” realizado en forma “abrupta” y que “atenta contra la seguridad jurídica”, los titulares de proyectos de inversión en energías renovables cuestionaron una medida del gobierno. Aseguran que la misma les causa “perjuicios millonarios”.
La Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) emitió un comunicado para criticar una decisión de la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley de Inversiones, el órgano que se encarga de establecer criterios y determinar los beneficios tributarios que prevé la normativa para los proyectos de inversión.
“El directorio en pleno de Auder manifiesta su grave preocupación por la medida” tomada por la “Comap en referencia a ‘Ajuste de criterios básicos generales de funcionamiento’” respecto al nuevo decreto reglamentario de la ley emitido el 30 de septiembre pasado.
Este “Ajuste de criterios básicos generales de funcionamiento” de la Comap que rige desde el pasado 12 de este mes, “afecta proyectos de inversión en energías renovables en curso, concretamente aquellos que incluyen generación a partir de energía solar fotovoltáica”, indicó la Auder.
¿Qué pasó? El documento de la Comap establece que “en el caso de inversiones en energías renovables – paneles solares fotovoltáicos, serán elegibles aquellas que representen como máximo el 20% del total del proyecto de inversión presentado, debiendo además computar al menos 2 puntos ponderados en el indicador Generación de empleo”. ¿Qué implica esto? Hasta esta medida, una empresa que quería generar su propia energía podía destinar hasta el 100% de la inversión en los paneles y ahora, si quiere recibir los beneficios impositivos solo puede destinar el 20%. Pero, además si cumpliera con ese porcentaje, debe computar “al menos dos puntos ponderados en el indicador Generación de empleo” con el que se calculan los beneficios, cuando antes no se exigía un mínimo.
Según la Auder “este cambio de rumbo, comunicado de forma abrupta” (al no dar un período de adaptación para inversiones en marcha por ejemplo), “atenta contra la seguridad jurídica pregonada y las claras reglas de juego que ha promovido Uruguay para atraer inversión privada a lo largo de los años, siendo este el principal capital a defender” por la gremial.
“Estas medidas causan perjuicios millonarios para empresas de varios sectores con proyectos de inversión que van más allá de la producción más limpia” y a “empresas y fabricantes del sector renovable y automotriz, que ven abruptamente modificado su plan de negocios y continuidad para este año”, cuestionó la Auder.
Es que por ejemplo, empresas que hayan apostado a incorporar un panel solar para dotar de energía a una flota de vehículos eléctricos, ven comprometida su ecuación, ya que la inversión estaba realizada contando con los beneficios impositivos.
La Auder critica además que en diciembre pasado se realizó un evento donde participaron miembros de la Comap y del Ministerio de Industria, Energía y Minería, los que “incentivaron a las empresas a invertir en instalaciones solares fotovoltáicas, haciendo énfasis en el aumento de los beneficios fiscales dados” desde octubre pasado “para este sector, y alineado con la política energética del gobierno”.
Por todo esto, piden al gobierno que “revea en forma inmediata la medida comunicada, dando en primer lugar, plazo hasta el 31 de marzo para poder presentar los proyectos de inversión en desarrollo o ejecución bajo los criterios de la normativa vigente al 11 de febrero de 2021 y en segundo lugar, mantener la promoción de instalación de paneles fotovoltáicos en concordancia con la política energética impulsada por el gobierno en cuanto a generación distribuida y autoconsumo industrial”.
