Las 1.400 autorizaciones provisionales de asentamientos, otorgadas en los últimos años por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el departamento de Santa Cruz, basadas más en cálculos políticos, que en técnicos y legales, agudizaron el conflicto por tierras en el oriente, afirma el investigador Gonzalo Colque, de Fundación Tierra, quien advierte que ahora la demanda va por la titulación.
“Sobre todo el conflicto de Santa Cruz es una consecuencia de las autorizaciones de asentamientos provisionales que se han entregado en los últimos cinco a siete años, que alertamos en su momento que eran arbitrarias, que no tenían un plan de distribución de tierras fiscales. En sí mismo, el hecho que se haya creado esta figura contraviene las regulaciones”, explica el experto a Brújula Digital.
Colque dice que la manera de entregar tierras es mediante dotación y distribución de tierras, pero desde el INRA se creado una figura provisional e intermedia para dar a la gente esas autorizaciones.
“Eso ha pasado en los anteriores años, y particularmente en Santa Cruz, donde habíamos mostrado que por lo menos habían 1.400 autorizaciones de creación de nuevas comunidades en la Chiquitanía, y ahora quienes tenían autorizaciones provisionales están pidiendo la titulación”, señala.
Las declaraciones de Colque coincidieron con una jornada violenta que se vivió en Guarayos, donde los indígenas salieron a desbloquear la carretera y enfrentarse con campesinos migrantes a quienes identifican como avasalladores, quienes exigen la titulación de tierras en una reserva forestal.
De la autorización a la titulación
Gonzalo Colque, conocedor de la situación agraria de las tierras, advierte que quienes lograron las autorizaciones provisionales de asentamientos quieren la titulación sobre las tierras, pero como saben que está al margen de la ley, exigen además la modificación del reglamento de la Ley INRA.
“Quieren pasar de la autorización a la titulación y no solo eso, sino que quieren titulación individual. Y como son tierras fiscales no pueden pedir la titulación individual, y no solo eso, sino que piden cambio en el reglamento de la Ley del INRA para permitir la entrega de tierras fiscales a título individual”, sostiene.
En consecuencia -dice el investigador- que desde Fundación Tierra se advirtió en su momento, el conflicto que se estaba incubando.
“La exigencia que tienen ahora no es un pedido de dotación de tierras en base al cumplimiento de la Función Social, de hecho el INRA ha hecho en varias ocasiones inspecciones, hice trabajo de campo, para verificar el cumplimiento de la Función Social, y en muchos casos evidenció que la gente a la que se le entregó tierras no estaba en las comunidades, no estaban viviendo ahí, no había tal asentamiento y por tanto no había esa comunidad”, explica.
Con temor de incumplir la ley, señala que el propio INRA retrocedió ante la demanda de titulación porque los demandantes no cumplían las condiciones básicas, a la par este sector se unificó, hizo fuerza colectiva para lograr conquistas y derechos sobre la tierra a la fuerza, saltándose el debido procedimiento legal.
Observa por ejemplo, que se detectó que las personas titulares de las comunidades que se beneficiaron con las autorizaciones provisionales, lograron permisos de desmontes y posteriormente vendieron su participación en la comunidad a la gente que verdaderamente quiere trabajar la tierra, por lo cual, “han cumplido la función de palos blancos”.
Los actuales propietarios “provisionales” de esos asentamientos, según el investigador, no son los que originalmente figuran en la autorización otorgada por el INRA, por lo cual no hay viabilidad técnica ni legal para otorgar títulos individuales.
“Ante este tipo de cambios de derechos de compra y venta irregular, es que están haciendo presión para que el Gobierno pueda entregar títulos de propiedad para estas tierras; en su momento, para escapar de la presión, el INRA ha optado por esta solución intermedia, pero ha llegado la hora de cobrar las cuentas y la solución provisional ya no alcanza para retener el conflicto”, explica.
La demanda que no se limita al oriente a cargo en su mayoría por migrantes del occidente, se ha articulado con campesinos que también exigen titulación individual en el norte de La Paz; es decir, la Amazonía. Sin embargo, Colque advierte que el Estado para satisfacer esas demandas tendría que vulnerar muchas de las normativas agrarias.
“No habría meter en la misma bolsa a todas las comunidades, porque toda la manipulación política, todo el prebendalismo de dirigencias campesinas que son dueñas de varias comunidades y que usan sus vínculos políticos con el MAS para beneficiarse con el tráfico de tierras, son un grupo menor, frente a la gente que realmente está decidida a trabajar la tierra”, asegura.
Según el investigador, estos grupos afines al MAS, se valen de familias migrantes que quieren trabajar la tierra, que tienen sus pozos de agua, que han construido sus viviendas y producen, y es, según su criterio, el sector más perjudicado frente a los interés de los grupos más prominentes.
“El Gobierno ha cometido el error, el INRA al no haber actuado con independencia política y rigurosidad técnica y jurídica las demandas de las tierras”, señala.
Observa que el INRA no tuvo la capacidad de diferenciar qué comunidades realmente están integradas por personas que necesitan la tierra y que quieren trabajarla, y cuáles son las demandas de “comunidades fantasmas” y de dirigentes que juntan carnets y se prestan a ser palos blancos para acceder a controlar tierras fiscales en zonas con alto valor económico.
Camino a la posible solución
En análisis de Gonzalo Colque, la posible solución al actual conflicto por tierras para por realizar varias tareas para reordenamiento y re-evaluación de los asentamientos. “Es la única manera para resolver el conflicto, y el Gobierno ya no de ocultas, sino en comisiones de trabajo de abrir mesas de trabajo para evaluar una por una, las autorizaciones de nuevas comunidades y verificar con control social, cuáles cumplen y cuáles deben ser anuladas”, apunta.
El experto señala que es obligación del Estado dar seguridad jurídica a quienes trabajan la tierra, y al resto anular, pero quienes están propiciando el conflicto son los que tienen grandes intereses en torno al tráfico de tierras.
“Cuando se ven en las fotos quienes están bloqueando, quienes están ahí, ves gente pobre, gente del campo, que no encarna a los traficantes de tierras, y los están utilizando para una pelea donde tienen otro tipo de intereses”, advierte.
En la evaluación de asentamientos, señala que no corresponde la participación del agronegocio, excepto que sean autorizaciones de asentamientos sobre tierras tituladas a empresas, ya que las autorizaciones se han dado sobre tierras fiscales disponibles, y no propiedades privadas. “Las empresas creen que son propietarias de todas las tierras fiscales, se creen que es su tierra, eso es insólito”, acota.
