Tres trabajadores reducidos y tomados como rehenes y la advertencia de quemar la maquinaria agrícola si se resistían contextualiza la toma ilegal en Monte Sion JC, predio ganadero privado, ubicado en Ascensión, capital de la provincia Guarayos. Este nuevo ataque pone en evidencia la falta de seguridad jurídica en esa zona del departamento de Santa Cruz que se ha convertido en caldo de cultivo de apropiación ilegal de predios productivos, según y conforme con sectores, ejecutados por afines al partido gobernante y llegados del occidente del país.
Cristiano Joner, dueño de la propiedad afectada, relató que los ‘tomatierra’ han tomado posesión, por ahora, de 5 a 10 hectáreas de un potrero con pasto cultivado, truncando el ingreso de ganado.
“Nos han amenazado con impedir la cosecha de soya. Vivimos en un estado de indefensión e incertidumbre porque han montado vigilancia día y noche. Es gente muy agresiva que no es de la zona. Parece que la traen de otras regiones del interior del país con el propósito de invadir predios productivos por la fuerza”, dijo.
Desde la Asociación de Ganaderos de Guarayos (Agagua), el presidente Rómulo Fernando Paz Ortiz, indicó que Monte Sion es uno de las 15 predios tomados en los últimos meses por grupos de personas llegadas del interior del país.
A decir del dirigente, la situación en la provincia Guarayos es muy preocupante por el atropello e irrespeto a la ley. Expresó que el delito de toma de tierras repuntó con ‘mucha fuerza’ en los últimos meses, por lo que piden a las autoridades garantizar la seguridad jurídica de la tierra y hacer respetar la normativa agraria y jurídica vigente. “Las inversiones en las propiedades privadas están en riesgo, así como la seguridad alimentaria, porque la incertidumbre desincentiva y condiciona la producción de alimentos”, apuntó.
Paz considera que la alta productividad probada de la tierra y plusvalía atraen a los invasores de predios productivos.
Según el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Adrián Castedo, la organización registra 22 tomas ilegales de predios en los últimos meses, siendo Guarayos y San José de Chiquitos, municipios con alta vocación agrícola y pecuaria, los más vulnerables de este ilícito que, en el caso de la tierra guaraya dijo que es un problema bastante serio.
“En las últimas semanas se han invadido predios, con toma de rehenes -en Monte Sion en Cerro Chico en Ascensión de Guarayos-. Nos preocupa la inseguridad, que la gente ingrese sin ninguna documentación a los predios y amedrente a los productores. Vemos mucha lentitud en esto, pero confiamos en que se pondrá pronto un atajo con desalojo a estas tomas ilegales en Guarayos, en San José de Chiquitos y áreas fiscales en la provincia Velasco”, mencionó Castedo, al insinuar que el efecto adverso de este delito incide en las expectativas de los productores de nuevas inversiones y en la decisión de dejar la actividad agropecuaria por el riesgo y la incertidumbre.
En criterio de Castedo, la solución pasa por un diálogo e intercambios de criterio entre los productores y el Gobierno, cosa que hasta ahora no se ve. “En los últimos meses se han incrementado las tomas ilegales y no se ve voluntad de algunas autoridades llamadas por ley en que esto se solucione porque tampoco se ve el acercamiento y el diálogo con los productores”, puntualizó.
Se enviaron consultas sobre la problemática de la tierra al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pero no se tuvo respuestas. No obstante, en una entrevista en el programa ‘Las 7 en el 7’ de Bolivia TV, el director de esa entidad, Eulogio Núñez, refirió que en año y medio de gestión del Gobierno del presidente Luis Arce se saneó alrededor del 89% de tierras rurales en el país, lo que representa más de tres millones de hectáreas.
En cuanto a la distribución de tierras, Núñez expuso que en este periodo se recuperó más de 120.000 hectáreas que se consolidaron nuevamente como tierras fiscales, beneficiando a 267.000 comunidades. “Al momento se tiene 11 millones de hectáreas de tierras que faltan por sanear a escala nacional, de las cuales el 5,4% se encuentra paralizada debido a conflictos de sobreposición que tienen larga data, pero que se espera sea solucionado a base del diálogo y consenso”, manifestó.
Núñez espera que hasta el próximo año se concluya el saneamiento de tierras y en 2024 y 2025 poder concluir todo el trabajo. “Pedimos a los actores rurales, principalmente indígenas, originarios y campesinos, medianos y grandes propietarios legales, que acompañen la gestión del INRA”, acotó.
El jueves, por la noche, dos grupos de avasalladores se enfrentaron en Guarayos, cuyo desenlace dejó una decena de viviendas quemadas y varias personas heridas. Este nuevo hecho deja en evidencia el descontrol e inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
Agro cruceño, desprotegido
En criterio del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, los efectos de la inseguridad jurídica en el sector son muy negativos. “Nadie, hoy en Bolivia, tiene la tranquilidad de realizar una actividad, invertir, arriesgar capital, y saber que podrá contar con el respaldo de la ley. El caso Las Londras, es un claro ejemplo, avasallamiento, secuestro, grupos armados, agresiones físicas y sicológicas sin distinción de género, y los responsables libres, amparados en una justicia ciega o ausente”, reparó.
Anotó que en 2021 llegaron a la CAO 12 denuncias, de las cuales hubo desalojo en cuatro. Dos están en el Tribunal Agroambiental (mientras estén en ese tribunal no se pueden ejecutar desalojos), una en el Viceministerio de Tierras y los demás están en el INRA y no se han realizado las órdenes de desalojo. “Esas cinco están en Guarayos”, afirmó Justiniano, al denotar que es la zona más afectada, con la peligrosidad, mayor impunidad y menores resultados de respeto a la ley.
A decir del presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, los efectos del delito de ‘avasallamiento’ trascienden en la paralización de inversiones y mejoras productivas, en el sentido de que los ‘tomatierra’ sustraen o dañan equipo, vehículos y maquinaria. “Se han presentado situaciones donde queman las cortinas rompeviento, ocasionando daños ambientales y, por supuesto, también han quemado cultivos o construcciones. Amenazan físicamente a los propietarios y trabajadores de los predios con violencia. En esas condiciones es imposible producir”, puntualizó.
Hizo notar que se tiene reportes de predios productivos tomados en el Este de Santa Cruz, y en zonas de Guarayos, donde existe una arbitraria aplicación de las normas que originaron la creación de la reserva forestal y que fueron modificadas por la ley que aprueba el Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz. “Creemos que en este momento es la zona de mayor conflicto, puesto que se ha enviado el mensaje de que toda actividad productiva sería ilegal, lo cual no es evidente a la luz del PLUS”, dijo Flores.
Prebenda en titulación
Para la diputada de Creemos, María René Álvarez, la toma ilegal de tierras, tanto privadas como fiscales de preservación, impacta en la seguridad jurídica para la producción alimentaria. “Las dudas sobre el manejo arbitrario y político de las leyes nacionales es una severa desventaja en Bolivia con respecto de los países de la región”.
A su juicio, los procesos inacabados de saneamiento y titulación de tierras, las dificultades de definición de derechos propietarios de terrenos de vocación agropecuaria, problemas limítrofes entre municipios, la corrupción y el prebendalismo por las tierras como una táctica de geopolítica del MAS, generando redes ilegales para dotar tierra, son parte del problema.
Álvarez cuestionó la actuación del INRA, que, a su criterio, discrimina en la titulación de tierra al sector productivo y prioriza el utilitarismo político con organizaciones sociales afines al partido oficialista. “Las tierras productivas están en la mira de los traficantes solapados por el partido de Gobierno y respaldados por el INRA, especialmente de Santa Cruz, donde propician ocupaciones ilegales de tierras productivas”, puntualizó.
