El Gobierno, en coordinación con el sector inmobiliario, proyecta la creación de una ley que regule a las empresas dedicadas a la venta de bienes inmuebles, ya que se calcula que más de dos millares de firmas informales realizarían estafas a compradores.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que esto es debido a las denuncias recibidas en su despacho de víctimas de estafas inmobiliarias, por parte de empresas y personas informales dedicadas a este rubro que no son reconocidas por sectores como la Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia (CNIB), entre otros.
“La informalidad es la que está afectando al sector y, por lo tanto, urge la necesidad de trabajar una ley que, reitero, regule al sector inmobiliario en nuestro país”, dijo Silva en contacto con LA RAZÓN.
De acuerdo con el relevamiento de datos realizado por su despacho, se calcula que en el país hay al menos 2.500 unidades o iniciativas que se dedican a la actividad inmobiliaria, pero que un 95% de esa cantidad es informal, es decir, aparecen y desaparecen.
“Si estamos hablando de 2.500 (empresas dedicadas a la inmobiliaria en el país), no pasan de 150 más o menos las que son formales, estamos hablando de un 5% aproximadamente que tendría formalidad”, complementó Silva.
Como ejemplo, dijo que “hoy yo puedo dedicarme a esa actividad, tengo un terreno de 500 metros o de 300 metros cuadrados, saco un préstamo del banco, hago construir un edificio con departamentos y me pongo a vender, termino de vender y ahí termina mi actividad”, indicó el viceministro.
Ante ese hecho, afirmó que es necesario regular al sector y que, a través de una ley, se registre a las compañías formales para evitar que muchas personas sean estafadas después de la compra de un bien inmueble, ya sea casa, departamento, terreno, lote o una tienda comercial en el territorio nacional.
En tanto, el presidente de la Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia (CNIB), Carlos Terrazas, dijo a LA RAZÓN que se tiene elaborado un proyecto de ley, el cual ya se presentó ante la Asamblea Legislativa, que tiene la finalidad de regular al sector inmobiliario.
“Hemos presentado un proyecto de ley para formalizar nuestro sector, para que el Gobierno reconozca a nuestro sector y nos formalicemos, nos registremos como agentes inmobiliarios; es decir, vamos a registrar, vamos a hacer un registro de toda la gente inmobiliaria, va a tener su requisito, inclusive de preparación”, explicó.
Afirmó que la propuesta fue consensuada con los sectores miembros de la CNIB que, al momento, aglutina a al menos 300 empresas formales en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Beni, Oruro, Chuquisaca, que se dedican al rubro inmobiliario.
“Bolivia no tiene buena información con relación al negocio inmobiliario, no somos un sector formalmente reconocido, entonces siempre hemos tenido la inquietud de poder hacer una cámara que aglutine la información y que nos ayude a poder generar los proyectos que construimos de una manera más fácil”, indicó.
Lamentó que otras empresas “informales” se aprovechan de las personas que requieren un bien inmueble y llegan a estafarlas. Además, remarcó que la aprobación del Decreto Supremo 4732 permitirá “de alguna forma” regular al sector inmobiliario para evitar que muchas personas sean afectadas en su economía.
DECRETO.
El 2 de junio de este año, el Gobierno promulgó el decreto en cuestión, que establece disposiciones destinadas a la “regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades de bienes inmuebles”.
La normativa establece 17 parámetros (ver cuadro) para que los propietarios o empresas dedicadas a la inmobiliaria que pretendan vender un inmueble cumplan a cabalidad y, con ello, se evite que se afecte a los compradores por las ventas de propiedades.
Gobierno socializa la norma con los sectores
Desde el 8 hasta el 20 de junio, el Gobierno socializó el Decreto Supremo 4732, del 2 de junio, con los sectores dedicados a la venta de bienes inmuebles, ya sean inmobiliarias, empresas constructoras, entre otras, con el fin de hacer conocer los alcances de la norma y evitar estafas futuras a quienes pretendan comprar una propiedad.
La socialización “fundamentalmente (se realiza) con el propósito de recoger insumos del sector para incluirlos en la reglamentación del Decreto Supremo (4732), toda vez que tenemos 20 días para elaborar el reglamento y ya implementar el decreto supremo”, dijo el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
El 10 de este mes, la Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia (CNIB) y otros sectores dedicados a este rubro se reunieron con el viceministro Silva, cuando le hicieron conocer sus observaciones a la normativa.
“Todas las cámaras que han sido invitadas, Cámara de la Construcción; colegios de Abogados, de Arquitectos, de Ingenieros de Santa Cruz, nos hemos reunido con él y le hemos pedido por favor que nos explique si va a ser operable, si va a ser ágil, si va a ser burocrático, entonces mayormente esa es la preocupación de nosotros que nos dedicamos a este rubro”, indicó el presidente de la CNIB, Carlos Terrazas.
Una vez culminada la fase de socialización, se instalará una mesa nacional en la cual se hará conocer todas las propuestas técnicas y legales del sector inmobiliario para la elaboración del reglamento del Decreto Supremo 4732, explicó el viceministro.
