El investigador chileno y director del Grupo de Búsqueda, Hugo Bustos, el 90% de los vehículos robados en su país están en posesión de autoridades bolivianas, entre ellas militares y policías, por lo que asegura que es difícil recuperarlos debido a la corrupción que existe.
Bustos fue uno de los que realizó el reportaje sobre la recuperación de una vagoneta Mitsubishi robada en Chile, que supuestamente estaba en manos del coronel Raúl Cabezas Pantoja, exjefe de la Policía Fronteriza de Uyuni. Esta nota periodística, no solo causó la destitución del cargo de Cabezas, sino aprehensión y la apertura de un proceso penal por cuatro delitos en su contra.
Además de que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, instruyó la intervención de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) y el cambio de destino del 100% de su personal, empezando por la sustitución de sus dos principales autoridades (director y subdirector); los nuevos designados serán posesionados este miércoles.
Dificultades para recuperarlos
Ahora Bustos asegura que no mostró todo el material que recabó en Santa Cruz y otras partes de Bolivia en su reportaje, pues solo recolectó lo que se relacionaba con la recuperación de la vagoneta. Comentó que si mostrara todas las evidencias que tiene «habría causado un escándalo mayor».
Señaló que dentro de la investigación que realizó pudo detectar que 112 motorizados robados en Chile fueron traídos de manera ilegal al departamento cruceño y develó que el 90% de ellos están bajo posesión de autoridades, entre ellas policiales y militares.
“Yo le diría que un 89 o 90% (de esos vehículos) los tienen policías, militares, están en utilización de Aduana, de políticos; y el otro restante pequeño, que es el 10%, son gente que compra esos vehículos como ‘chutos’”, dijo a la red Erbol.
El investigador explicó que existen tres dificultades por las que pasan las víctimas de robo del vecino país que impiden, en muchas ocasiones, recuperar sus motorizados robados. La primera tiene que ver con el lugar donde se encuentra el vehículo, pues existen localidades bolivianas donde no se puede ingresar por el riesgo que existe.
El segundo, es el inconveniente más común, que una autoridad tenga en sus manos el coche y que en muchos casos, ya se encuentran con placas bolivianas que han sido clonadas ilegalmente. “Si el vehículo está en poder de la Policía, (ellos) no se pueden autodenunciar ante el Ministerio Público, es imposible”, aseguró a la red Unitel.
El último obstáculo sería un soborno, al cual denominan “tranca”, que consiste en pagar entre 50 a 300 dólares para poder sacar del país un motorizado robado en Chile. Incluso, señala que algunos policías de Diprove piden un incentivo económico para poder devolver los vehículos.
