Cuando faltan dos días para dejar el cargo, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, emitió ayer un informe crítico contra el Gobierno, en el que afirma que éste incumplió varias recomendaciones para controlar el uso del mercurio, mientras que el presidente de Fencomin, Octavio Ramos, minimizó el impacto de ese metal. Incluso dijo que lo consumió y que no le hizo nada a su salud.
El informe, denominado “Estado de implementación y cumplimiento del convenio de Minamata sobre el mercurio 2017-2022” contiene 26 recomendaciones.
“El Estado Plurinacional de Bolivia no ha establecido las condiciones materiales, técnicas y económicas para proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones antropogénicas de mercurio en el país, de acuerdo a las obligaciones suscritas mediante la Ley 759 de 18 de noviembre de 2015, a través del cual se ratificó el convenio de Minamata sobre el mercurio”, es la principal conclusión del informe defensorial.
El Convenio de Minamata contiene una serie de obligaciones para los Estados: 1) La elaboración de inventarios sobre uso, comercialización, emisión, liberación, sitios contaminados y otros. 2) La reducción del uso del mercurio en la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), identificada como un gran factor de uso de mercurio y de contaminación. 3) El almacenamiento, transporte y comercialización del mercurio. 4) La reducción y eliminación en productos derivados.
Según el informe defensorial existen falencias e insuficiencias para: a) la identificación de las fuentes de suministro y trazabilidad del comercio de mercurio; b) reducción progresiva de productos con mercurio añadido; c) el abandono, reemplazo o limitación del uso de mercurio en procesos de fabricación; d) la transición tecnológica en la recuperación del oro mediante técnicas menos riesgosas para la salud humana y el medioambiente; e) la identificación, monitoreo y control de las emisiones y liberaciones de mercurio al agua, aire y suelo; f) el almacenamiento provisional y disposición final de los residuos y desechos de mercurio, especialmente aquellos provenientes de actividades mineras auríferas y g) la identificación oportuna de sitios contaminados históricamente por mercurio, así como aquellos que recientemente están siendo afectados por este metal.
El informe defensorial señala que si bien Bolivia no es un país de extracción primaria, entre 2010 y 2020 la cantidad de mercurio importado creció vertiginosamente, al subir de 1,7 toneladas anuales en 2010 a 165,2 toneladas en 2020.
La única acción que buscaba registrar importadores y exportadores y comercializadores, controlar el recorrido del mercurio fue un proyecto de decreto supremo elaborado por Udape que no se aprobó por cuestionamiento de cooperativas.“Existe una resistencia del sector cooperativista a las regulaciones del mercurio, que son necesarias para evitar la vulneración de derechos humanos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra”, observó Cruz.
El Estado asumió la obligación de presentar un plan de acción nacional para reducir el uso y emisiones del mercurio generados en este tipo de actividades; empero, de acuerdo a la información del Viceministerio de Medio Ambiente se advierte que no se cuenta con dicho plan que debe presentarse este mes.
Tampoco el Estado central y entidades territoriales autónomas desarrollaron normas para obligar a comercializadores a tomar medidas de almacenamiento de mercurio adecuadas.
Advierte que no existen suficientes acciones del Estado para identificar sitios contaminados con mercurio; otras orientadas a evitar o reducir la liberación y emisión de mercurio en el aire, agua y suelo, así como acciones adicionales para generar información que contribuya al control de las liberaciones de este metal.
Reacción de Fencomin
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Octavio Ramos, aseguró que el mercurio no se usa en toda la extracción aurífera, sólo en el oro en polvo, y aclaró que el sector cumple con la normativa ambiental, realiza monitoreo y cuenta con fichas ambientales.
Señaló que es necesario discutir el uso del mercurio, pero aseguró que muchas cooperativas ya no lo emplean. Es el caso de la 15 de Agosto, que opera en el Illimani y que utiliza “cianuro”, que es más contaminante.
Según Ramos, no hay un estudio comprobado para identificar el grado de afectación a la salud. “Quiero decir que hace 25 años he consumido mercurio, de 30 a 40 gramos, porque en la minería artesanal, donde no hay nada, necesariamente debemos usar mercurio en los mismos vasos. Llegas cansado de tu trabajo y en el mismo vaso debes tomar, hoy en día no tengo ningún problema. Por eso es necesario identificar científicamente lo que puede ocasionar el mercurio”, remarcó Ramos.
Algunas de las 26 líneas de acción que se deben ejecutar
El Informe de la Defensora del Pueblo establece 26 líneas de acción para el control del mercurio de parte del Estado. Éstas son algunas:
La Asamblea Legislativa debe desarrollar normativa para el control y reducción de la importación de mercurio, desincentivar su empleo en minería aurífera e industrias que afecten la calidad del agua, suelo y aire.
Mayor control del uso del mercurio; regular su manejo, manipulación, almacenamiento y comercialización
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe elaborar, aprobar, financiar y ejecutar un plan de acción nacional multisectorial para la aplicación del convenio de Minamata sobre el mercurio.
Elaborar un inventario nacional actualizado sobre fuentes de emisión de mercurio en el país. Realizar un estudio acerca de la factibilidad de reducir periódicamente las importaciones de mercurio, estableciendo plazos
Identificar los sitios contaminados por mercurio, entre otros.
Municipios y gobernaciones deben regular la compra-venta de mercurio en sus respectivas jurisdicciones.
