En los últimos cuatro años la empresa china Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) se adjudicó la construcción de siete obras viales por 3.514 millones de dólares. La cifra representa más del 50 por ciento de los 6.000 millones de dólares que se adjudicó a empresas chinas entre 2008 y 2019, según la investigación “El capital corrosivo en Bolivia” de la Fundación Milenio.
Los millonarios contratos que entregó el Gobierno nacional a la firma china fueron revelados por la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), con datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), al que hizo seguimiento durante este tiempo.
Las obras que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó a la empresa china son las siguientes: la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos, con un costo de 210 millones de dólares, financiados por el la CAF.
Asimismo, la rehabilitación de la carretera Santa Cruz-Trinidad-San Javier y Puerto Varador-Trinidad en dos lotes, por 71 millones de dólares, con recursos del Banco Mundial (ambos en ejecución); la construcción de las carreteras Charazani-Apolo-Tumupasa, por 735 millones de dólares, financiados por Eximbank.
Además, la carretera Trinidad-La Moroña-Guayaramerín-Ramo La Moroña-Puerto Ustárez por 1.216 millones de dólares, también provenientes de Eximbank. Firmó un contrato para la construcción de la carretera Santa Rosa-Remanso-Puerto Villazón por un monto de 569 millones de dólares, indicó el gerente de la Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze.
La última adjudicación fue la construcción de la doble vía Sucre-Yamparaez, que tiene un presupuesto de 65 millones de dólares. A esta licitación se presentaron cinco asociaciones accidentales, de las cuales tres estaban conformadas por 15 empresas bolivianas.
El presidente de Caboco, Luis Bustillo, indicó que una empresa tenga tal cantidad de obras llama la atención y va en desmedro de las constructoras nacionales, que son relegadas y terminan ejecutando esas mismas obras para las firmas chinas, pero por un monto mucho menor en condición de subcontratistas.
“No somos aptos para ejecutar la obra y ganar la licitación, pero sí somos aptos para ser subcontratistas, creo que eso está mal, las empresas bolivianas tenemos la capacidad. Se paga muy poco a las contratistas y las empresas aceptan sólo para que su empresa no esté parada porque no hay utilidad. Hay obras que se han adjudicado a las chinas que terminan siendo ejecutadas por bolivianas”, dijo.
La norma indica que obras con montos menores a 70 millones de bolivianos deben ser licitaciones nacionales, sin embargo, eso no se cumple porque en licitaciones de ese monto o menores se presentan las extranjeras.
Por ello, Caboco solicita que las normas se cumplan, además pide que las licitaciones internacionales se convoquen a partir de los 300 millones de bolivianos para que las empresas nacionales tengan mayor oportunidad.
Bustillo detalló que muchos de los requisitos que se solicitan no se adecuan a la realidad nacional y benefician a las empresas extranjeras.
“En 2019 para la construcción de hospitales, pidieron como requisito haber construido en los últimos años tres hospitales de envergadura. En carreteras han pedido como requisito haber construido un millón de metros cuadrados de pavimento rígido, lo que se aleja totalmente de la realidad nacional, por lo que varias empresas nacionales se asocian para poder cumplirlos”, indicó.
Henry Oporto, uno de los autores del estudio “El capital corrosivo en Bolivia”, indicó que el gobierno de Evo Morales justificó la entrada de las empresas al país por el financiamiento de créditos chinos condicionados, que exigían la contratación de firmas de ese país. Sin embargo, la mayoría de las obras fueron adjudicadas de manera directa (invitación o contrataciones por excepción) y sólo cuando los créditos provenían de organismos internacionales se procedía a la licitación.
Oporto señaló que las adjudicaciones investigadas por la fundación estaban “plagada de irregularidades y vulneraciones a la ley”. “Sería lamentable que prácticas de ese tiempo se estén repitiendo con Luis Arce”, dijo.
Añadió que la investigación reveló que las firmas chinas vulneraron derechos laborales y las normas ambientales tampoco eran respetadas.
El diputado Miguel Roca, de CC, pidió un informe a la ABC sobre estas adjudicaciones, pero le indicaron que toda la información está en la página web. “La inversión pública debe ser transparente, los chinos se traen hasta su comida, sus cocineros, aquí no compran ni un café”, dijo.
