La petrolera argentina YPF intenta renegociar su deuda por falta de dólares

YPF, el gigante petrolero argentino, vive tiempos convulsos. La empresa, el 51% de cuyas acciones son de propiedad estatal, se ve obligada a renegociar su deuda por falta de dólares, mientras su cotización bursátil permanece en mínimos históricos. El primer intento de acuerdo con los acreedores fracasó el lunes. El ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo que desmentir el pasado viernes los rumores sobre una inminente nacionalización del 49% del capital en manos privadas.
La situación contable de la empresa es muy delicada. Su valor bursátil ronda los 1.500 millones de dólares y la deuda a reestructurar asciende a 6.200 millones. YPF dispone de recursos para pagar un vencimiento de 400 millones de dólares el próximo 23 de marzo, pero el Banco Central, con las reservas en mínimos, se niega a proporcionarle las divisas necesarias. Este problema, la falta de acceso al dólar, afecta a numerosas empresas argentinas.
Sin dólares, la empresa propone a sus acreedores internacionales (entre los que se cuentan fondos de inversión tan importantes como Fidelity y Black) no pagar ni capital ni intereses en 2021 y 2022 y posponer la devolución de la deuda con tres nuevas emisiones de bonos que vencerían en 2026, 2029 y 2033, con un interés inicial del 4% anual. Los principales acreedores rechazaron de plano la propuesta. El martes, la empresa mejoró la oferta ofreciendo como garantía de pago acciones de su filial eléctrica YPF Luz. La inmediata subida de las acciones de la petrolera en Wall Street pareció indicar una buena acogida a la propuesta mejorada.
La estrategia de YPF es muy similar a la del ministro Martín Guzmán en su reciente reestructuración de la deuda soberana argentina: quiere librarse de pagos en divisas durante unos años para poder dedicar esos recursos a la inversión y a incrementar las reservas de tesorería. La crisis del país, que cayó de hecho en una suspensión de pagos (default) a mediados de 2019, ha afectado severamente al mercado energético, sometido a precios controlados bastante inferiores a los precios internacionales y con difícil acceso al crédito en dólares. En 2019, YPF registró unas pérdidas de 33.379 millones de pesos, cerca de 370 millones de dólares.
Las conversaciones entre YPF y sus acreedores sufrieron un sobresalto la semana pasada, cuando se anunció el cese del presidente de la compañía, Guillermo Nielsen, un economista respetado por los inversores. Nielsen acababa de poner en venta por 400 millones de dólares la icónica sede corporativa, un rascacielos en el exclusivo barrio bonaerense de Puerto Madero, con el fin de mejorar la estructura financiera de YPF. Nadie entendió que Nielsen fuera apartado de la presidencia de la petrolera y enviado como embajador de Argentina a Arabia Saudí. Tampoco se entendió, aunque suscitó muchas sospechas, que fuera designado como nuevo presidente de YPF el diputado santacruceño Pablo González, un hombre muy cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La llegada de González a YPF desató fuertes rumores sobre una nacionalización inminente, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo que desmentir de forma pública.
YPF es una empresa casi centenaria (fue creada en 1922) con un pasado reciente muy agitado. Fue privatizada en 1992 por el entonces presidente Carlos Menem y adquirida en 1999 por la sociedad española Repsol, a un precio cercano a los 15.000 millones de dólares. En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó que se expropiara a Repsol el 51% de las acciones. Repsol acabó recibiendo una compensación de 5.000 millones de dólares. Entonces, el valor bursátil de la empresa era de unos 10.000 millones. Ahora no llega a los 1.500. La República Argentina todavía litiga en Nueva York con la familia Eskenazi, que a través del Banco de Santa Cruz compró en 2007 un 25% de las acciones (sin desembolsar un peso) y ahora reclama una indemnización.