El Gobierno informó que se determinó una flexibilización de los decretos supremos 4640 y 4641, pero indicó que el carnet de vacunación se exigirá desde el 26 de enero. Los sectores y grupos antivacunas anunciaron que hoy comenzarán los bloqueos de carreteras y las protestas hasta conseguir la abrogación de las normativas.
“Se ha determinado una flexibilización, pero no estamos diciendo que se retirará (la exigencia del carnet de vacunación) porque estamos en conversaciones con los grupos que están pidiendo la abrogación (de los decretos)”, indicó el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.
Agregó que una minoría rechaza el inoculante y apuntó que, por ejemplo, un día se movilizan 1.000 personas, pero en esa misma jornada 70.000 se vacunan. Por eso la autoridad dijo a Bolivia TV que el carnet de inmunización se pedirá desde el 26 de enero en las instituciones públicas y privadas.
“Hay instancias de negociación con estos grupos, pero no se habla de la flexibilización de la fecha o del pedido del carnet, sino que en ciertas circunstancias se pueda tener cierto margen de tolerencia”, sostuvo.
Pese al anuncio de una flexibilización de la normativa por parte del Gobierno, el dirigente de la Federación de Trabajadores Gremiales de la ciudad de El Alto y uno de los líderes de las protestas contra las normas, Toño Siñani, ratificó las medidas de presión previstas para hoy.
“Se ratifican las medidas y saldremos con más fuerza. Los compañeros campesinos comenzarán los bloqueos y nosotros realizaremos protestas. Estamos pidiendo la abrogación de los dos decretos”, explicó a Página Siete el dirigente alteño.
Siñani indicó que se oponen a la exigencia del carnet porque los adultos mayores, en especial los que viven en el área rural, no podrán cobrar sus rentas en los bancos si no están vacunados contra el coronavirus.
“Yo me hice vacunar, pero no quiero que mis hijos se vacunen. El Gobierno no puede obligarnos”, aseguró Siñani e indicó que el Ejecutivo no explica cómo será la flexibilización.
El dirigente del Magisterio Rural de La Paz y otro de los líderes de las protestas Rudy Callisaya ratificó que a partir de este lunes se llevarán a cabo los bloqueos de caminos en las 20 provincias de La Paz.
“Confirmamos que a partir del día lunes (hoy) se entrará y se masificarán los bloqueos en las diferentes provincias de La Paz”, aseguró Callisaya.
La vacunación baja a la mitad
En diciembre, el Gobierno aprobó el decreto 4641, que convierte al carnet de vacunación contra la Covid-19 en un documento oficial de carácter nacional, portable, verificable, seguro y gratuito. A partir de esa fecha, la aplicación de las dosis subió de los 10.000 a 40.000 diarios.
En enero, cuando entró en vigencia la norma, la solicitud del carnet disparó los niveles de vacunación hasta alcanzar la aplicación de 96.000 primeras dosis por día, como sucedió 6 de enero. Esa misma noche, el ministro de Salud, Jeyson Auza, y otras autoridades del Gobierno postergaron la vigencia de la presentación del documento hasta el próximo 26 de enero.
El viernes 7 de enero, la cifra de ciudadanos que recibieron la primera dosis fue de 77.000, según el registro. El lunes bajó a 60.000, ese día se realizaron diferentes protestas de un movimiento antivacuna en el país.
El martes, el número de inmunizados cayó a 50.000, el miércoles a 40.000 y el jueves ascendió a 53.000 personas inoculadas.
Antivacunas ya perdieron ante la justicia
La anterior semana, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz rechazó una Acción Popular presentada por un grupo de personas que pedían la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641 con el fin de anular la obligación de presentar el carnet de vacunación en instituciones públicas y privadas.
La solicitud fue denegada porque no se agotaron las vías pertinentes y se buscó el respeto del derecho a la vida.
“Saludamos la disposición de la Sala Constitucional Cuarta que ha denegado la presente Acción Popular debido a que no se tiene las líneas definidas, no se han agotado las vías pertinentes antes de iniciar la presente acción de amparo”, aseguró la anterior semana el asesor de la dirección jurídica de la Alcaldía de La Paz, Marcelo Aguilar.
“Se ha respetado el derecho a la vida, que es la norma suprema que rige el ordenamiento jurídico positivo”, agregó el funcionario edil.
