El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció este jueves que se presentó la acusación formal contra los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, entre otros, por el caso gases lacrimógenos. El letrado aseguró que el daño económico al Estado supera los 16 millones de bolivianos y pedirán la pena máxima para los acusados.
«El Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada, basada en 37 pruebas testificales, 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los Ministerios de Gobierno y Defensa. También se tiene una pericia de auditoría forense realizada por el IDIF que demuestra claramente el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios», indicó Lanchipa en rueda de prensa.
«Con la presentación de la acusación formal, la Fiscalía está a la espera del señalamiento del inicio de juicio por parte de la autoridad jurisdiccional, sin que la declaratoria de rebeldía de algunos de los acusados impida su normal desarrollo».
Además de Murillo y López, entre los acusados se encuentran: el exdirector de asuntos administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora, el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa Raúl López, el exjefe de la unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa Alan Menacho, el exdirector de Logística Pedro Rea, la exdirectora general de Asuntos Administrativos Ruth Palomeque, el exresponsable de Artículos clase 5 del Ministerio de Defensa Dennis Vera, el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) Bryan Berkman.
Los delitos que se les imputan son Uso indebido de Influencias, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funcion pública e inclumplimiento de deberes, Contratos lecivos al Estado, Conducta antieconómica Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.
«Por todos estos delitos, La Fiscalía está solicitando una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados», sostuvo Lanchipa, antes de detallar que dicha pena consistiría de 10 años más los agravantes.
Algunos de los acusados están siendo también investigados por el mismo caso en Estados Unidos. Murillo, de 57 años, y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, de 51, fueron detenidos el 21 y 22 de mayo en el Estado de Florida y Georgia.
Junto a ambas exautoridades, también se arrestó a Luis Berkman y su hijo Bryan Berkman, quienes son los propietarios de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), y a Philip Lichtenfeld, uno de los intermediarios.
Todos son procesados por la adquisición de gases lacrimógenos para el Estado boliviano con un presunto sobreprecio de 2,3 millones de dólares. Los otros cuatro implicados en este caso, fuera de Murillo, admitieron anteriormente su culpabilidad y se tiene previsto que escuchen su condena el próximo 18 de enero.
Murillo, López, Zamora y Berkman fueron declarados rebeldes en Bolivia con anterioridad. Las autoridades ya solicitaron la extradición de Murillo, pero sobre López admitieron no tener ninguna nueva información después de solicitar reiteradamente que se active el sello rojo de la Interpol.
