Un día después de que el presidente Luis Arce Catacora enviara a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley ‘Para la devolución parcial o total de aportes’ para su correspondiente análisis, una exgerenta de la AFP Futuro de Bolivia y dos exautoridades del régimen transitorio de la presidenta Jeanine Añez advierten que la medida tendrá impactos negativos para la economía en su conjunto.
Para la exgerente regional de la AFP Futuro de Bolivia, Kathia Vaca Díez, sería importante saber si se realizó algún estudio actuarial para verificar si esta devolución de aportes no afecta la sostenibilidad del sistema a largo plazo y consecuentemente las pensiones para la jubilación.
Con esa consideración previa, Vaca Díez afirma que si bien se inyecta dinero a corto plazo para consumo, es muy importante cuidar la estabilidad que ha gozado el sistema financiero en las últimas décadas.
“El 60% de los $us 20.000 millones de ahorro de los fondos de pensiones se encuentra invertido en DPF de entidades financieras, lo que ha permitido créditos a largo plazo y a bajas tasas de interés”, expuso, al anotar que esta desinversión, sumada al diferimiento y periodo de gracia de los préstamos, puede comprometer la liquidez del sistema financiero nacional.
Asimismo, Vaca Diez cree que la inversión y el empleo se pueden ver comprometidos, ya que los fondos de pensiones también financian directamente la producción a través de la inversión en bonos de empresas. “El incremento del consumo a corto plazo puede generar un efecto inflacionario”, dijo.
El especialista en finanzas, Jaime Dunn, señaló que el segundo mayor beneficiado por las inversiones de las AFP es el sistema financiero y, en ese sentido, deduce que los bancos se verán afectados con la medida.
“Nuestras AFP son fundamentales para dar liquidez al sistema financiero, porque son inversionistas en valores (DPF). Los operadores de este sector se financian recibiendo recursos de las AFP”, subrayó Dunn.
Aduce que un porcentaje importante está justamente depositado en el sistema financiero. “Por eso, preocupa cómo se va dar esto. Se debe hacer una reglamentación que haga que no se afecte a este sector”, apuntó, dando cuenta de que las inversiones de las AFP en el mercado nacional suman alrededor de $us 21.000 millones.
Golpe al sistema financiero
Para el exministro de Economía y Finanzas Públicas del régimen transitorio, Óscar Ortiz, el proyecto de ley de devolución de aportes, se convierte en un nuevo golpe para el sistema financiero, que verá disminuida su liquidez en alrededor de $us 1200 millones debido a que las AFP necesitarán liquidar DPF o no renovar los que estén próximos a vencer, para poder disponer de los recursos requeridos para la devolución de aportes.
Ortiz cita que el impacto sobre la liquidez es importante porque el sistema financiero ya ha tenido 10 meses de diferimientos durante 2020, por lo que no ha podido cobrar capital ni intereses, y tendrá nuevas afectaciones por el acuerdo de los gobiernos con las transportistas. “Esto limitará significativamente las posibilidades de la banca de contar con recursos para refinanciamientos o nuevos financiamientos, lo que se convertirá en gran obstáculo para la reactivación”, apuntó, al advertir un impacto negativo sobre la solidez del sistema financiero.
Alerta sobre indefensión
Para el también exministro de cartera de Economía, en igual periodo de Gobierno, Branko Marinkovic, la medida no solo pone en riesgo las jubilaciones de todos los bolivianos que con mucho esfuerzo aportaron durante años, también corta la posibilidad a las empresas formales y a la banca la posibilidad de emisión de bonos, a través de las AFP, para inversiones, capital de trabajo y liquidez.
“Lo más preocupante es que el proyecto de ley habla de devolución parcial o total. Significa que si se aprueba así, el Estado puede disponer del dinero de los aportes y dejar a las personas mayores jubiladas en total indefensión”, mencionó Marinkovic.
Efectos en la banca
La semana pasada, después del acuerdo entre el Gobierno y los transportistas del país para extender seis meses más el pago de los créditos diferidos desde marzo de 2020, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) aclaró que el pacto genera un peligroso antecedente para la cultura de pagos, lo que prolongará la situación de falta de recursos líquidos en el sistema bancario y posterga aún más la capacidad del sector para apoyar a la reactivación económica.
Además, advirtió que pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Según Asoban, el diferimiento de pago de créditos aplicado en 2020 impidió que la banca reciba al menos $us 3.80 millones en capital e intereses.
