Los empresarios cerraron filas en torno a la banca y expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno de otorgar a los prestatarios del sistema financiero seis meses de gracia adicionales sin pago de capital ni intereses. Advirtieron de un “desequilibrio económico” producto de estas acciones.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exteriorizaron, por separado, sus observaciones a la decisión gubernamental. La primera advirtió que estas determinaciones “generan un ambiente de alta incertidumbre, desequilibrio financiero y deterioro del clima de negocios en Bolivia”.
La CEPB advirtió, a través de un comunicado, que la determinación “produce el corte del flujo de recursos y debilita la moral de pago construida en décadas, poniendo en riesgo la estabilidad de todo el sistema financiero”.
“Esta decisión gubernamental aprobada ralentizará aún más las actividades económicas por el impacto negativo de la decisión gubernamental en el rol de intermediación de las entidades financieras, advirtiéndose un deterioro en la gestión de captación y colocación de créditos con el consiguiente impacto negativo sobre la oferta de créditos a los diferentes sectores económicos”, observó la CNI, también por medio de un comunicado.
La CEPB advirtió: “Decisiones como las tomadas por el Gobierno en este tema, pueden derivar en el debilitamiento de la institucionalidad económica y la afectación de la confianza del público. Asimismo, la señal que envían las autoridades, que cedieron en una exigencia que inicialmente habían rechazado por los riesgos que conlleva, es que la presión genera resultados, de modo que este desenlace tiene el potencial de extenderse a otros sectores, afectando seriamente los balances de la intermediación financiera”.
Las observaciones se dieron un día después de que el gobierno y transportistas sellarán un acuerdo por el cual se otorga a los prestatarios del sistema financiero seis meses de gracia adicionales sin pago de capital ni intereses. Aunque otro sector, como el de los choferes confederados, no aceptó la propuesta gubernamental.
En otro comunicado, esta vez del gobierno, se descartó una crisis financiera por la medida adoptada por el Ejecutivo para desactivar un paro del transporte.
“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desmiente el supuesto atentado contra la estabilidad y vulneración del Sistema Financiero, reitera a las Entidades de Intermediación Financiera el compromiso de responsabilidad que tienen con la población boliviana y las convoca a sumarse al esfuerzo del Gobierno para lograr un futuro con estabilidad y retomar la senda del crecimiento económico”, señala el documento.
Según la CNI, el periodo de gracia de seis meses afectará “negativamente la cultura de pago que durante décadas se cultivó en la economía boliviana”. “Las decisiones de política pública deben velar no sólo por el corto plazo y unos sectores, sino por el largo plazo y el conjunto de los sectores de la economía boliviana”, indicó esa institución.
“Demandamos del Gobierno Nacional justicia, equilibrio y responsabilidad en la distribución de las cargas y consecuencias de esta pandemia. Como empresarios, entendemos la situación crítica de todos los sectores, pero también sabemos que la búsqueda de soluciones debe ser un factor de unidad y no de división ni de medidas desequilibradas que por favorecer a unos perjudica a otros”, sostuvo por su parte la CEPB.
En la mañana, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), mediante su secretario general, Nelson Villalobos, expresó su rechazo a los términos del acuerdo entre el Gobierno y dirigentes del transporte. Lo calificó de un “peligroso antecedente para la cultura de pagos” y advirtió que provocará la falta de recursos para la otorgación de créditos y la consiguiente reactivación económica.
