La participación obligatoria del 80% del Estado boliviano sobre el valor bruto generado en los proyectos hidrocarburíferos, también conocida como el “government take”, es uno de los principales problemas para la atracción de inversiones que permitan ejecutar labores de exploración y desarrollo de campos de gas natural y líquidos. Si la actual situación se mantiene, Bolivia pasará de ser exportador de gas a importador a partir del 2029.
Lo referido es la conclusión de las respuestas que brindó a eco$com el director ejecutivo de la Cámara de Hidrocarburos, ingeniero Enzo Michel, quien demanda seguridad jurídica e incentivos para que inversiones extranjeras lleguen al país.
¿Es evidente que se pueda acabar el gas natural de Bolivia, si se sigue tal como
estamos?
La producción de gas en Bolivia va disminuyendo progresivamente, debido a la caída natural en los diferentes campos productores. Esto, sumado a la creciente demanda del mercado interno, se ve reflejado en menores volúmenes para la exportación, lo que repercute en menores ingresos para el país.
De acuerdo a las estimaciones de los especialistas, si no se hace nada nuevo, Bolivia podría tener la necesidad de importar gas alrededor del año 2029. Como sector, estamos dispuestos a contribuir para que eso no suceda.
La caída de las reservas y de la producción, entre otros factores, responde a la falta de proyectos de exploración en los últimos años, lo que ha impedido la necesaria reposición de reservas. Estamos convencidos de que el país tiene un gran potencial geológico, pero las empresas requieren también condiciones económicas para poder viabilizar las inversiones que este tipo de proyectos demandan, como las que se registraron en las décadas pasadas.
Para que Bolivia no se quede sin gas propio ¿qué medidas urgentes a corto, mediano y largo plazo se debe tomar?
En el corto plazo, vemos con optimismo que puedan aprobarse las modificaciones a la Ley 767, que actualmente se encuentran en tratamiento en la Cámara de Diputados, que, de aprobarse, viabilizaría proyectos en los campos que hoy ya están en explotación y se reflejaría en el incremento de los volúmenes de producción. Los primeros resultados se verían en un par de años, lo que demuestra que esta industria tiene plazos de ejecución diferentes.
La modificación de la Ley 767 será un primer paso para mejorar la rentabilidad de los proyectos exploratorios. Nos permitirá mitigar la caída de la producción y, eventualmente, sumar nuevos volúmenes para atender los mercados interno y externo.
Pero también se requiere cambios normativos de fondo en la Ley 3058 y que se viabilicen grandes inversiones en exploración, además de garantizar la seguridad jurídica.
Bolivia requiere ser más competitiva y brindar condiciones para la inversión, pero hoy no es atractiva si se compara con otros países de la región. El “government take”, que supera el 80%, es uno de los principales problemas; países vecinos, como Perú y Argentina, lo tienen en un 42 y 55 por ciento, aproximadamente, lo que les da mayor competitividad para atraer inversión extranjera.
Viabilizar estos cambios podría repercutir en la atracción de inversiones de magnitud y, eventualmente, en proyectos como los de Sábalo, Margarita o Incahuasi.
Como Cámara de Hidrocarburos y Energía, confiamos en que los cambios normativos irán avanzando. Es importante que los diferentes actores vean que se trata de un proceso de corto, mediano y largo plazo. Hay modificaciones que deben adoptarse de manera inmediata, pero habrá que continuar trabajando en esta materia.
¿Existe voluntad política en el gobierno para cambiar esa situación?
Creemos que sí, en los últimos meses hemos logrado avanzar en el diálogo con las autoridades, con la certeza de que la reactivación del sector pasa por una alianza público-privada. El diálogo es técnico y transparente, enfocado en la búsqueda de las mejores alternativas para impulsar actividades en exploración y explotación. El objetivo común es lograr una reactivación y, en el largo plazo, viabilizar nuevas inversiones que no sólo reviertan la caída de la producción de gas, sino que se traduzcan en nuevos ingresos para el país.
Hay que tener claro que la reactivación del sector pasa por una política de largo plazo, como son los proyectos en esta industria, donde se requieren varios años para tener resultados.
