El Gobierno de Bolivia considera sesgado y desactualizado el informe de un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el privado de libertad Luis Fernando Camacho, por lo que se solicitará su revisión, informó este jueves el ministro de Justicia, César Siles.
“Es un informe parcial, sesgado y desactualizado, porque no considera todo lo acontecido en los últimos años (y) no es vinculante; es un grupo de trabajo que emite recomendaciones y las recomendaciones, con las cuales no está de acuerdo el Estado boliviano, pueden ser revisadas”, aseguró en Santa Cruz sin dar mayores detalles.
En su informe, el grupo de trabajo habría realizado recomendaciones al Estado boliviano sobre la detención del señor Camacho, quien fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 luego que se negara en varias ocasiones a declarar por el caso Golpe de Estado I, cuyo proceso ya está en la etapa de juicio oral, explicó.
En el documento, añadió, se aclara que la postura no compromete la opinión de Naciones Unidas ni de la Comisión de Derechos Humanos.
Según Siles, este grupo de expertos de Naciones Unidas “emite una opinión” y “no es una sentencia, ni tiene carácter vinculante, ni nada por el estilo” y que, además, “no está actualizada” porque la defensa de Camacho hizo la petición en 2022 y el Estado boliviano presentó sus descargos en 2023.
Junto con la Procuraduría General del Estado, y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno preparan “los argumentos de esa solicitud de revisión, porque en la mayor parte del mismo no estamos de acuerdo”, insistió.
Recordó que por el año 2023, el proceso contra Camacho estaba en la etapa preparatoria de investigación, en cambio ahora se encuentra en la etapa de juicio, recientemente ha sido concluida la etapa de declaraciones testificales de cargo y el lunes 31 de marzo comienza la etapa testifical de descargo, eso implica que en los próximos días o semanas va a concluir el juicio oral público y contradictorio.
“Esa información no ha sido considerada por este grupo de expertos”, arguyó el ministro.
En julio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó no otorgar las medidas cautelares a Camacho, como solicitó un grupo de legisladores de Creemos tras su aprehensión en diciembre de 2022, y cerró el expediente de la petición.
