“El nombre del vicepresidente (David) Choquehuanca, o Jilata Choquehuanca, o Gurú Choquehuanca, salta más de una vez en lo que se sospecha sería uno de los objetivos de esta secta en el mercado de bonos verdes”, publicó en sus redes sociales la diputada de Creemos, María René Álvarez.
El comentario lo hizo a modo de cuestionar el silencio del presidente Luis Arce Catacora sobre el “ficticio” Estados Unidos de Kailasa.
Para Álvarez, no es suficiente que Cancillería niegue tener relaciones diplomáticas con Kailasa, porque “la imagen del primer mandatario de Bolivia está comprometida”, no solo a nivel nacional, sino internacional. “Luis Arce Catacora estuvo compartiendo en eventos públicos con estas personas y algunos ministros, en la entrega de títulos agrarios”, aludió.
El dirigente takana Adolfo Chávez, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Chaco, Oriente y Amazonía (Cidob), liderada por Tomás Candia, también apuntó al vicepresidente en una entrevista con El Deber Radio.
Dijo que le preocupa cuando se guarda silencio sobre Kailasa, “uno supone que el propio Gobierno es parte de esta tramoya, que podría usarse como excusa para revertir tierras a los indígenas, y darla a los interculturales”, lanzó su hipótesis.
Asimismo, apuntó a Choquehuanca: “Tiene su propia fundación u ONG, que podría ser la vocera en la venta del carbono, asociado con otra organización extranjera (Leaf Coalition), para que ellos puedan ser los voceros oficiales”, arremetió.
Como parte de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), y ante las noticias de arrendamiento perpetuo de los territorios indígenas, Chávez dijo que están viendo que las bases sean las primeras en informarse, para que todos los habitantes de esas naciones decidan si entran o no en el comercio de los créditos de carbono, “y de qué manera quieren que esos recursos vayan a los territorios”.
Sobre el rol de Vicepresidencia, Carmen Capriles, de Reacción Climática, indicó que esta oficina tiene la Unidad de Geapolítica, que se encarga de cambio climático, “y entiendo que ellos reciben fondos de cambio climático, que deberían ir al Ministerio de Medio Ambiente, porque Vicepresidencia es un ente político, no operativo”, aseveró.
Vicepresidencia
Desde el despacho de David Choquehuanca respondieron a las declaraciones de Adolfo Chávez, afirmando que carecen de seriedad, responsabilidad y fundamento. “Son graves y constituyen acusaciones falaces, por las cuales algunas personas están pretendiendo sacar réditos políticos y económicos sobre los mercados de carbono”.
Asimismo, remarcaron que el vicepresidente, David Choquehuanca Céspedes, no es parte, ni tiene fundación u Organización No Gubernamental (ONG) alguna, menos que trabaje con mercados de carbono, “rechazando injurias y calumnias expresas por el referido ciudadano”.
Con relación a la iniciativa internacional denominada Leaf Coalition, Vicepresidencia indicó que se trata de una alianza intergubernamental que tiene como objetivo recaudar y desplegar la financiación necesaria para abordar la deforestación. “La Vicepresidencia no tiene ninguna relación con esa entidad”, indicaron.
Mercados de carbono
El 14 de noviembre de 2024, luego de una apertura legal, el Gobierno de Bolivia anunció que vendería 5.000 millones de dólares en créditos de carbono. Esto se hizo con el objetivo de reducir la deforestación y detener la pérdida de bosques para 2030.
En esa fecha, la firma estadounidense Laconic Infrastructure Partners, anunció que recibió una solicitud del Gobierno boliviano para utilizar su plataforma SADAR, que permitirá al país generar ingresos económicos a partir de la conservación de sus bosques, ríos y otros ecosistemas. Estos fondos serían destinados a cumplir con los objetivos climáticos que se ha propuesto el país, conocidos como Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).
DATOS
MERCADOS DE CARBONO
Privados pidieron no satanizar esta nueva modalidad de conservación, y más bien abrirse a esta oportunidad ambiental, pero con manejo transparente, especialmente desde el nivel central.
DESARROLLADORAS
Desde que se abrió la normativa para los mercados de carbono en Bolivia, aparecieron diversas empresas, además de Kailasa, tentando a los territorios indígenas, que abarcan una gran extensión, por su alto potencial.
