Cada día de demora en la liberación de exportaciones de soya, significa pérdidas para más de 14 mil agricultores que enfrentan una crisis que amenaza su sostenibilidad, a esto se suma la falta de diésel y piden priorizar el abastecimiento a los agricultores para salvar la cosecha de alimentos. La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) solicita al Gobierno evitar un impacto negativo en la economía del país.
A pesar de la crisis que vive el país por la falta de dólares, el Gobierno se da el lujo de continuar con el veto a las exportaciones de soya y carne de res, cuya medida apuntaba a disminuir el precio de la carne, en especial, y el abastecimiento interno; sin embargo, el valor no bajó y más bien va en aumento.
El año pasado fue el veto a la exportación de aceite, con el mismo argumento, de bajar el precio del producto en el mercado nacional, pero se elevó y se mantiene con incremento de valor de un 40%.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, planteó una nivelación del precio del aceite, como se lo hizo en su momento con el azúcar, para que se normalice la venta en el mercado nacional.
Soyeros
Ahora la asfixia llega a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), entidad que señala sobre la grave situación que enfrentan los más de 14.000 productores de soya por el veto a la exportación, por ello hace un llamado urgente al Gobierno para salvar la cosecha y evitar un impacto negativo en la economía y seguridad alimentaria.
“Más de 14.000 productores han demostrado su compromiso absoluto con Bolivia, enfrentando desafíos climáticos extremos y cumpliendo su promesa de garantizar la producción de alimentos. Ahora, exigimos con firmeza que el Gobierno restablezca de inmediato la libre exportación de grano de soya, sin restricciones, cupos ni trámites, para garantizar un precio referencial justo y digno para los productores”, dijo ayer, en conferencia de prensa, el presidente de Anapo, Fernando Romero.
El sector productivo pasa por un momento crítico debido a la decisión del Gobierno de suspender la libre exportación de grano de soya a partir del 1 de enero de 2025. Esta medida incumple lo estipulado en el Decreto Supremo 3920 del año 2019, que garantiza la liberación del 60% de la producción anual del grano de soya del año anterior.
“Además de ser una decisión injusta, favorece a unos pocos y perjudica a todos los productores, generando incertidumbre y desalentando la producción nacional”, sostuvo Romero.
Situación
La situación se agrava con la escasez de diésel, que pone en riesgo la cosecha de al menos 2,5 millones de toneladas de soya y 600.000 toneladas de maíz y sorgo producidas en esta campaña agrícola de verano, así como la siembra de invierno de cultivos estratégicos como sorgo, maíz, trigo y girasol.
El presidente de Anapo enfatizó que pequeños, medianos y grandes productores cumplieron su compromiso con el país, “invirtiendo recursos y esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y generar excedentes para la exportación”. No obstante, “la falta de combustible pone en peligro la inversión de miles de pequeños, medianos y grandes productores, afectando no solo la producción de alimentos, sino también la generación de divisas para el país”, aseveró.
Romero pidió al Gobierno cumplir con los compromisos, que incluso reafirmó en recientes días, y libere de inmediato las exportaciones de soya, tal como lo establece el marco normativo vigente. “Como pilar clave de la economía nacional, el sector soyero quiere seguir trabajando, generando el empleo y las divisas que tanto necesita el país; y seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria, pero no podemos hacerlo en esta situación”, expresó.
El dirigente añadió que “se valore el esfuerzo de los productores y que las autoridades asuman su responsabilidad con acciones concretas y rápidas porque está en peligro el futuro alimentario y económico del país”.
Pero las declaraciones de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, muestran que la decisión obedece a otro fin, no sólo al abastecimiento y a bajar el precio, sino a frenar las operaciones de las empresas y productores, porque los dólares no llegan al BCB.
Las exportaciones del sector privado no solucionarían la falta de divisas, porque algunos exportadores optan por tener la totalidad de sus dólares en el exterior y otros que los traen no lo ingresan al Banco Central de Bolivia (BCB), señala la publicación de ABI sobre las declaraciones de la autoridad.
Diésel
Mientras tanto, el Gobierno nacional garantiza diésel, en un volumen de 27 millones de litros, para la cosecha grande que empezará el 21 de marzo en el país y se descarta una crisis alimentaria, dijo ayer el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.
En tanto, productores del Beni ya perdieron 10% de su cosecha por la falta de combustibles, ya que esta región ingresa en esta etapa antes que Santa Cruz, y exigieron diésel para evitar la pérdida de más producción.
Según la autoridad, se garantiza el combustible para el 21 de marzo, pero de manera paulatina y espera concluir la cosecha en abril.
Indicó que los 27 millones de litros de diésel que el agro requiere para completar al 100% la cosecha están garantizados, pues la instrucción del presidente Luis Arce es priorizar el sector productivo.
Ya se tiene planificadas reuniones con el sector productivo para priorizar la distribución de diésel de manera paulatina, tomando en cuenta que la cosecha grande comenzará a partir de la próxima semana.
Recordó que la ley establece que, para exportar, se debe garantizar el consumo interno. Ello se hablará con los productores y, si amerita, se abrirán las ventas al mercado externo y se lo hará oportunamente, “primero garantizando el bolsillo y el estómago del pueblo boliviano”.
Aunque el ministro niega una crisis alimentaria, las amas de casa invitan a la autoridad a ver los mercados y a Emapa, que no pueden cubrir la demanda de productos de la canasta familiar, la escasez se de productos se registra a nivel nacional, así como el alza del precio de los artículos.
