En los 19 años de vigencia de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, Bolivia recibió más de 63.000 millones de dólares por la explotación de hidrocarburos. De este monto, más de 45.000 millones correspondieron a la participación estatal en la renta petrolera, de los cuales un 47% fue transferido a los gobiernos subnacionales y universidades públicas.
El informe de la Fundación Jubileo destaca que «la gestión de estos recursos, tanto en el nivel central como en los gobiernos autónomos regionales, departamentales y municipales, ha sido clave en la distribución y uso de estos ingresos, especialmente entre 2004 y 2014, cuando se vivió un superciclo de precios altos para el gas natural».
Si se consideran además los ingresos derivados de actividades como los servicios, la refinación y el transporte de hidrocarburos, se observa que, en promedio, cerca del 35% de los ingresos del Gobierno general provino de este sector.
Sin embargo, desde 2016, la caída en la producción de hidrocarburos ha llevado a una reducción significativa en los ingresos por divisas, impactando directamente en la renta hidrocarburífera del país.
Uno de los principales problemas identificados en el informe es que la política hidrocarburífera en Bolivia ha dependido en gran medida de un solo recurso no renovable, lo que ha dificultado la atracción de inversión extranjera.
A pesar de que la Ley de Hidrocarburos original permitía que el Estado se quedara con hasta el 50% de la renta, en la práctica, el Estado ha retenido, en promedio, el 71% de los ingresos, alcanzando el 92% en 2023.
Este modelo ha fomentado una estructura rentista que, aunque respaldada por demandas sociales y políticas desde principios de 2000, no ha logrado impulsar las inversiones necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sector.
«La caída en las inversiones de exploración y la pérdida de mercados para el gas natural han acentuado esta problemática, con una disminución de casi el 70% en la participación estatal en los últimos 10 años», resalta el trabajo.
Otro aspecto preocupante es la falta de claridad sobre el destino de los recursos obtenidos por YPFB, la empresa estatal petrolera, a través de la participación en las ganancias de los contratos de operación.
Aunque el Decreto Supremo Nº 28701 de nacionalización generó ingresos significativos para la estatal, no se ha logrado un desarrollo claro de las actividades de exploración y explotación, y la caída en la producción de gas natural y hidrocarburos líquidos ha dejado dudas sobre el uso de estos recursos.
En este sentido, la Fundación Jubileo propone una serie de reformas en la política hidrocarburífera y energética del país. Entre sus recomendaciones destaca la necesidad de crear una nueva ley sectorial que contemple: regalías departamentales; regalías Nacionales: reformulación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, y la eliminación de la participación adicional de YPFB en los contratos de operación.
Además indica que la renta hidrocarburífera generada sea destinada a tres fondos: un Fondo de Desarrollo Productivo para gobernaciones y municipios, otro de ahorro y estabilización para enfrentar la volatilidad en los ingresos, y un tercero para la transición energética que apoye la adopción de nuevas tecnologías.
